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Luego de varios meses, el Gobierno envió al Congreso de la República el nuevo proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley MAPE), que reemplazaría, en la práctica, al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Si bien la vigencia de este registro vence el 31 de diciembre, la propuesta legislativa plantea prorrogar por seis meses su caducidad a fin de que puedan concretar su respectivo proceso.
“Los procedimientos administrativos iniciados en el marco del proceso de formalización minera integral, creado por el Decreto Legislativo 1293, que se encuentren a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (GREM), continúan su trámite ante dichas instancias durante seis meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de esta ley”, estableció el proyecto. Es decir, este plazo adicional aplicará para los procedimientos de formalización minera en curso.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo un 21% de los registros del Reinfo siguen vigentes o en proceso de formalización, el tiempo adicional solo serviría para este grupo, precisó Guillermo Shinno, exviceministro de Energía y Minas.
“Esta ampliación es para ese 20% que ha avanzado y aún no ha concluido, tienen esos seis meses para concluir; y para aquellos que no han avanzado nada en seis meses va a ser difícil que lo cumplan. El reglamento que deben sacar establecerán más detalles”, explicó.
Para Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la Minera Poderosa -una de las más afectadas por el avance de la minería ilegal-, lo ideal sería que, al aprobarse la nueva ley, se ejecute un cierre definitivo al sistema que, en los últimos siete años, apenas logró formalizar a 2,000 mineros, mientras que cerca de un 80% de los registros están suspendidos.
El representante del sector minero detalló que esos registros están suspendidos debido a que el titular no cumplió con algunos de los tres requisitos básicos (acreditar un RUC vigente, tener una declaratoria de producción o presentar un instrumento de gestión ambiental). De este total, el 90% tiene más de un año de suspensión.
Pese a que la inscripción del Reinfo está cerrada, De la Flor consideró que ese plazo de medio año adicional para terminar de concretar posibles trámites le da, implícitamente, un “tiempo extra” a los mineros ilegales para continuar operando.
“Hay una clara falta de voluntad de formalizarse de parte de los mineros que están inscritos en el registro. Lamentablemente, al darle seis meses más al Reinfo, en la práctica, se dispone tiempo adicional para que los mineros ilegales sigan con sus operaciones con los efectos tan nocivos que traen”, comentó.
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A su turno, Miguel Inchaustegui, ex ministro de Energía y Minas, coincidió en que no es adecuado el plazo adicional para los procedimientos del Reinfo pues “han tenido suficiente tiempo”. Sin embargo, observó que este plazo adicional podría haber sido planteado para evitar cuestionamientos al proyecto.
“Entiendo que esto se ha hecho porque el Gobierno, que ha demorado en enviar la propuesta, está previendo lo que va exigir el Congreso (un tiempo adicional para el Reinfo). Creo que debió haberse conversado antes para que, en primer lugar, no se hubiera puesto este plazo porque, lamentablemente, en el Perú esto siempre se alarga. Siento que el Poder Ejecutivo, por su debilidad que tiene ante el Congreso, es que está tomando esta decisión de plantear esto como algo intermedio”, refirió.
Inchaustegui añadió que dentro de esta disposición debió precisarse que, inmediatamente desde la publicación de la ley, los registros de Reinfo que estén en la condición de suspendidos ya no pueden continuar acogiéndose a ese plazo de transición de seis meses. Es decir, no podría continuar operando.
Además, estimó que, si algunos de los mineros que están en el trámite quiere terminar el proceso para formalizarse, sí podrían lograrlo en el plazo adicional de seis meses establecido.
Si bien Inchaustegui y De la Flor señalaron que el proyecto del Ejecutivo tiene aspectos positivos, este último advirtió que el proyecto ley no le da solución al principal problema, que es la posibilidad de que el Congreso apruebe una nueva ampliación del Reinfo. Como se recuerda, existen varias propuestas legislativas para ampliarlo, la cual configuraría una tercera, luego de las efectuadas en el 2019 y el 2021. Desde la última ampliación, se han presentado en el Congreso cinco proyectos de ley para prolongar su vigencia más allá del 2024. También existen tres para abrir su proceso de inscripción entre 150 y 180 días.
“El proyecto básicamente se limita a señalar que los procedimientos administrativos de formalización en curso continuarán a cargo de las direcciones durante seis meses, luego lo cual pasarán a ser gestionados por el propio ministerio. Debemos entender que la vigencia del Reinfo no se extenderá más allá de diciembre, pero eso es un supuesto y el proyecto no aborda el principal problema que enfrentamos en el país respecto de este flagelo que es la minería ilegal”, señaló de la Flor.
Por su parte, Victor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que, pese a que el cierre del reinfo es un primer paso, hacen faltan mayores esfuerzos ante la problemática de la minería informal.
“Un nuevo esquema de formalización (en reemplazo del reinfo) no tendría mayor impacto porque el Estado es deficiente en la fiscalización de los inscritos. Por ejemplo, las coordenadas que proveen al Reinfo son inexactas. Varios de esos puntos están en el mar o, incluso, en Brasil o Bolivia”, sostuvo.
Otra observación, indicó Inchaustegui, es que la ley MAPE plantea darle fondos a las direcciones regionales de energía y minas para la formalización, pese a que en el pasado esto no funcionó.
Por ello, consideró que podría plantearse una fiscalización o monitoreo sobre los fondos que se van a dar. Con esto, podría proponerse que, cada año, presenten un balance de los avances que tengan en la mejora de la formalización, tanto en temas técnicos, ambientales y legales. “Y dependiendo de ese avance, de esa acreditación de cumplimiento de objetivos, se les da más o menos fondos”, complementó.
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