Como parte de su pedido de facultades legislativas al Congreso de la República, el Poder Ejecutivo buscaba establecer una serie de cambios en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), que evalúa y aprueba los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos. Sin embargo, no logró convencer al Parlamento de la República.
El Congreso dio luz verde el último 5 de diciembre darle las facultades por 60 días calendario al Gobierno, pero no incluyó este punto.
Según el proyecto inicial, a pesar de los esfuerzos de optimización y digitalización, aún persisten retrasos que impactan en los proyectos de inversión pública y privada que dependen del cumplimiento de trámites, por lo que se requeriría de una reforma integral.
El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Miguel Ángel Espichan, había expuesto ante el Congreso que existen problemas por las demoras en la evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos más grandes del país.
“Se han identificado una serie multicausal de deficiencias en los expedientes. La complejidad técnica de los proyectos de inversión y también la necesidad de articular también con muchas autoridades”, dijo.
Incluso el documento que se presentó en noviembre último advertía una limitada capacidad operativa de las entidades evaluadoras, deficiencias en la documentación presentada por los titulares y acumulación de subsanaciones o pronunciamientos sectoriales.
El Minam indica que existen problemas por las demoras en la evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos más grandes del país. (Imagen: Andina)
Ante la necesidad de agilizar el desarrollo de inversiones, la iniciativa proponía optimizar los procesos de evaluación de impacto ambiental, dándoles mayor predictibilidad y celeridad, garantizando la rigurosidad técnica en la toma de decisiones dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
“Se vienen reduciendo los plazos dentro de la gestión, pero creemos que es necesario ese impulso, para poder lograr un 70% a 80% de reducción de plazos”, agregó Espichan.
Esto no logró convencer al Poder Legislativo pues, argumentó: “Si bien es cierto que la finalidad que desean alcanzar es plausible y vinculada con la materia de ‘crecimiento económico responsable’, esta comisión (de Constitución) advierte que las iniciativas formuladas consisten en modificaciones sustantivas en el Senace, que se encuentra regulado por un marco normativo complejo, compuesto por leyes de jerarquía especial y normativa reglamentaria de carácter multidimensional”.
Aunque la Comisión de Economía del Congreso sugirió que sí se le otorgue facultades en este ámbito, la Comisión de Pueblos Andinos fue en otro sentido: “Ello, permiten precisar que esta materia que debe abordarse a través de espacios de deliberación y control parlamentario”.
Poniendo ambos análisis sobre la mesa, la Comisión de Constitución concluyó: “En mérito al análisis realizado, si bien la presente materia cumple los requisitos formales de constitucionalidad, no supera el análisis de pertinencia; por lo que la Comisión considera que la materia contenida (...) no debe ser delegada”
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¿Hay riesgos?
Para el abogado especialista en derecho ambiental, César Ipenza, lo propuesto por el Gobierno implicaba una nueva flexibilización del marco normativo ambiental, que considerarse riesgosa.
Una de las medidas que generan mayor preocupación es el silencio administrativo positivo, que no estaría permitido en materia ambiental.
El especialista consideró que esta figura podría terminar aprobando proyectos sin revisión adecuada debido a la falta de capacidad o recursos del Estado.
Ipenza también cuestionó que se pretendía transferir una parte de las competencias sobre recursos hídricos al Senace, adscrito al Minam. Actualmente una parte de estas competencias las tiene la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que está adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Aunque la propuesta del Gobierno prometía reducir plazos sin disminuir la exigencia técnica, Ipenza consideró que la posibilidad es incierta.
El especialista advirtió que los procesos del Senace ya han sido flexibilizados en los últimos años, y su rol técnico se ha visto afectado por presiones políticas y la falta de recursos.
