Gustavo Adrianzén, titular de PCM. (foto: PCM)
Gustavo Adrianzén, titular de PCM. (foto: PCM)

La promulgación de la ley que por S/3 mil millones contribuirá al cierre de brechas a nivel nacional y a la reactivación económica, principalmente en los ámbitos de infraestructura vial, salud y educación.

La norma, que lleva el nombre “Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas” (Ley nro. 32103), fue publicada el viernes 26 de julio, en edición extraordinaria de las normas legales.

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“Esta ley es fruto del trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Congreso de la República y tiene un profundo espíritu descentralista, porque gatillará importantes transferencias de recursos a los gobiernos regionales y a los municipios, provinciales y distritales, para que impulsen obras en beneficio de sus territorios, las cuales ayudarán a mejorar la calidad de vida de la población”, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

La norma dispone transferir S/ 1,531 millones a los gobiernos regionales y locales para financiar 947 proyectos a nivel nacional, de los cuales 692 inciden en el ámbito del transporte, 87 en el sector agropecuario, 65 en saneamiento, 47 en educación y 30 en salud.

De este total se destinarán más de S/ 1,214 millones a gobiernos locales para la ejecución de 892 proyectos, los cuales se enfocan, en su mayoría, en el mantenimiento de puentes y vías de comunicación, el mejoramiento del saneamiento básico y el desarrollo agropecuario.

En tanto, los gobiernos regionales recibirán más de S/ 316 millones para ejecutar 55 proyectos de transitabilidad urbana, la ampliación del saneamiento básico, el mejoramiento de la infraestructura educativa, la prevención contra las inundaciones, entre otros rubros.

Los departamentos que recibirán más recursos, tanto a nivel regional y local, son Junín, con más de S/134 millones; Huancavelica, con S/107 millones; y Amazonas, con S/106 millones.

Adicionalmente, la ley dispone transferencias a ministerios y organismos adscritos para financiar programas sociales e intervenciones destinadas al empleo temporal y al cierre de brechas.

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