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A inicios de noviembre el pleno del Congreso de la República aprobó una autógrafa de ley que tiene como objetivo el evitar el “uso desproporcionado” de la información provista por las centrales privadas de información de riesgos (CEPIRS), especialmente para elegir a las personas que postulan a un puesto de trabajo.
El tener una calificación negativa en las CEPIRS, que otorga la condición de moroso en el sistema financiero, es llamada coloquialmente por la población como “estar en Infocorp (Equifax)”.
Si bien la autógrafa del Congreso refería que la calificación crediticia del candidato no puede ser requisito excluyente o descalificador de su participación en cualquier fase de la convocatoria, por constituir en un acto discriminatorio, sí permitía su uso a las empresas del sistema financiero, el mercado de valores y puestos de trabajo vinculados a las áreas de contabilidad y finanzas de las entidades públicas y privadas.
Es decir, se permitía que los bancos, cajas municipales o gerencias contables o financieras utilizaran dicha información crediticia como filtro para la evaluación de candidatos.
Esto último fue cuestionado por el Poder Ejecutivo y fue la razón principal por la que el presidente de la República, Pedro Castillo, observó la autógrafa.
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Sin restricciones para evaluar a candidatos a empleo
Para el Gobierno, la restricción de exigir no tener reporte negativo en las CEPIRS no debe aplicarse en ninguna empresa del país, incluyendo en las del sistema financiero y del mercado de valores, pues considera que si estas últimas la mantienen sería un acto de discriminación directa, por lo cual recomienda al Congreso suprimir tal excepción.
“Solo con ello, la autógrafa de ley resultaría viable”, refiere el documento firmado por la el presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.
El Poder Ejecutivo indica que el hecho de que las empresas en general pidan el reporte crediticio en los procesos de contratación de personal, va en contra de la Constitución, que señala que el trabajo es un deber y un derecho, y además, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y no puede ser discriminada, entre otras cosas, por su condición económica.
Para el laboralista, Germán Lora, esta interpretación del Gobierno es “antigua” y mencionó que en la legislación laboral se trata “igual a los iguales” y “desigual a los desiguales”, es decir, se debe tener actuaciones distintas en los casos en los que hay justificación.
Lora puso como ejemplo, que hace unos años se buscó que no se soliciten antecedentes policiales y judiciales, pero se logró que estos documentos se presenten cuando el candidato ya estaba seleccionado y previamente se consignaba una declaración jurada al respecto.
“La gente de aduanas pide análisis para ver si un trabajador está metido en drogas, porque es válido. Imagina que una empresa no pueda tener antecedentes penales de un trabajador que está en seguridad. No se puede tratar igual a una persona que entra como operario a otro que entra al sistema financiero, en la que su condición de deudor pueda afectar a la empresa y a los clientes. Los trabajadores no son iguales y no pueden tener la misma condición y deben haber excepciones”, dijo.
El laboralista considera que el uso de información de centrales de riesgo crediticio debería darse, no solo en el sector financiero, del mercado de valores o en áreas de contabilidad o financieras, sino en todas las actividades que justifiquen su necesidad.
Actualmente hay 5.2 millones de personas con créditos personales y cerca de 280,000 con créditos hipotecarios. La morosidad en la banca múltiple es de 4.03%, de acuerdo con datos de la SBS.
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Opinión
Información genera confianza
Rolando Castellares, Experto en derecho bancario
En el sistema financiero prima como un factor esencial la confianza. Y una muestra de ello es que quienes operan el sistema financiero deben tener una solvencia moral fuera de toda duda, porque van a administrar dinero del público
Así está precisado en la ley de bancos, que exige que quienes desean ser accionistas, directores o gerentes de bancos deben tener una intachable conducta y que cuando alguno reporta deudas morosas, tienen que explicar ante la SBS la razón por la que está en esta situación. Si su explicación no es satisfactoria, entonces no puede ser accionista, ni director, o gerente de un banco.
Esta situación de confianza y de exigencia de solvencia moral se extiende al resto del personal. Imaginen a un moroso que esté como cajero de un banco; es una muestra del descuido financiero personal y de un riesgo para el dinero de las personas.
Tener restricciones para contratar personal en el sistema financiero es una forma de proteger el ahorro, que está consagrada en la Constitución.
La información de las centrales de riesgo crediticio no solo se usa para contratar personas sino en contratos de otros tipos, como en los alquileres de vivienda, donde la forma de conocer parte de la conducta de las persona con quien se hará el trato, es la búsqueda de la información crediticia.
