Como se informó hace unos días, Indecopi puso en la mira a un presunto “cartel de laboratorios”. La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) de Indecopi inició un proceso administrativo sancionador de oficio contra 15 empresas (laboratorios farmacéuticos) y cinco personas naturales. Esta acción respondió a una presunta colusión en procesos de adquisición convocados por el Estado entre diciembre de 2006 y febrero de 2020.
La investigación se centra en una posible “práctica colusoria horizontal” que habría afectado, al menos, 23 procesos públicos de selección, destinados principalmente al abastecimiento de productos farmacéuticos por parte del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.
Gestión tuvo acceso exclusivo al documento donde Indecopi desarrolla los detalles de su tesis sobre una presunta colusión en el sector farmacéutico.
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Detalles de la investigación
La evidencia recabada por la DLC incluye archivos, correos electrónicos, documentos y testimonios, así como el análisis de datos económicos. Según Indecopi, estas pruebas sugieren que las empresas imputadas habrían coordinado para distribuirse entre sí los ítems de productos farmacéuticos adjudicados en las licitaciones públicas.
La DLC identificó varias características comunes en esta posible práctica anticompetitiva. Entre ellas, se encuentra el reparto de ítems en las licitaciones, donde las empresas habrían llegado a acuerdos para repartirse los productos dentro de las convocatorias realizadas por el Minsa y EsSalud.
Además, las partes habrían acordado no formular pujas adicionales sobre ítems de interés de la contraparte y, en algunos casos, no presentar propuestas sobre ítems específicos.
Algunas empresas investigadas habrían utilizado cuadros o listados para registrar las negociaciones realizadas antes o después de cada licitación, documentando los acuerdos de reparto de los ítems.
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Denominaciones internas o alias
Otro aspecto relevante es el uso de denominaciones internas del grupo, donde los integrantes del presunto sistema de reparto se referían con nombres como “el club” o “los amigos”. Durante la investigación, se observó que algunas empresas utilizaban sobrenombres o códigos para identificarse entre sí, facilitando las negociaciones secretas.
De la evidencia recabada, se observó que el uso de estos “códigos” habría facilitado a las empresas llevar a cabo con mayor secretismo sus presuntas negociaciones anticompetitivas, obstaculizando el descubrimiento de su identidad y dificultando la detección de la distribución de ítems.
La lista de sobrenombres utilizados por algunas de las empresas investigadas son: “Argentina” o “El Profesor”; “Vulcano”, “Hornos” o “Ate”; “Pelado”; e “Ibérica”.
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¿Coordinaciones previas?
La DLC también señaló que, entre 2003 y 2006, antes del período de los presuntos hechos de colusión realizados entre 2006 a 2020, algunas empresas ya habrían comenzado a coordinarse para reducir la competencia entre ellas.
Estas acciones preliminares buscaban llegar a un acuerdo sobre cómo repartirse los productos farmacéuticos adjudicados por el Estado en licitaciones públicas de aquel entonces, que se realizaban bajo un procedimiento conocido como “licitación pública por procedimiento clásico”.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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