Con el avance de la tecnología, los lavadores de dinero o activos -aquellos que buscan dar un marco de legalidad al dinero mal habido procedente de delitos tales como corrupción de funcionarios, minería ilegal, fraudes (robos), terrorismo, entre otros- han encontrado en ella el aliado perfecto para evitar que las autoridades congelen e incauten el dinero ganado ilícitamente.
¿De qué forma lo hacen? A través de las criptomonedas de acuerdo a evidenciadas halladas tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS como por el Ministerio Público.
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“Con la tecnología, una de las modalidades que están usando los delincuentes para introducir a la economía formal el dinero mal habido es a través de las criptomonedas, no solo en Perú, sino a nivel mundial”, explicó a Gestión el fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina.
Ello ocurre -añadió el intendente de análisis operativo de la UIF, Daniel Linares- a que los proveedores de servicios de activos virtuales en Perú no son sujetos obligados a reportar actividades sospechosas a las autoridades, principalmente a la UIF, como lo son los bancos, casinos, notarías y otros, que lo hacen a través de reporte de operaciones sospechosas (ROS).
No obstante, esta situación esta a punto de cambiar.
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Y es que haces dos años, la UIF identificó que los criptoactivos estaban siendo usados como mecanismos para lavar dinero.
“Se ha identificado que el dinero mal habido termina siendo usado para la compra de criptomonedas. En alguna oportunidad se compraron criptoactivos a una empresa peruana, que vendía criptomonedas, y pudimos congelarlos. La UIF tiene la facultad de congelar el dinero cuando se tiene la certeza de que el dinero tiene un origen ilícito”, detalló.
Los casos encontrados en Perú tenían como delito precedente el fraude (robo) perpetrado por hackers internacionales o ciberdelincuentes en contra de jubilados de Estados Unidos y de Canadá los que oscilaban entre US$ 20,000 y US$ 40,000 a través de estafas por correo electrónico.
“No recuerdo bien. Fue cerca de US$ 15,000 en criptoactivos los que fueron congelados”, indicó el intendente de la UIF.
Sin embargo, el gran problema que enfrenta la UIF es que estas empresas, que venden criptoactivos o lo cambian por moneda física, no son sujetos obligados por lo que se presentó desde la SBS -en setiembre de 2021- ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) una propuesta normativa.
En concreto, un decreto supremo para que incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales en Perú como sujetos obligados a fin de que puedan reportar actividades sospechosas. A ello se le adjunto un informe técnico con el sustento de esta necesidad.
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-¿En qué estado se encuentra la propuesta?-
El intendente de análisis operativo de la UIF dijo que se reiteró esta solicitud el año pasado y -ahora-, en febrero último, el director de Desarrollo Normativo del Minjus les informó que la propuesta (para incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados) era viable.
“Levantamos las observaciones realizadas la semana siguiente, específicamente el 16 de febrero, y ahora el documento (decreto supremo) está nuevamente ahí (en el Minjus) para que se emita, que va ser una buena herramienta para luchar contra el lavado de activos”, añadió.
“(El Decreto Supremo) lo tiene que firmar tanto el Minjus como el MEF. Estamos esperando simplemente que salga esta norma y que las empresas que vendan criptoactivos se conviertan en sujetos obligados”, agregó.
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Lo que estaría pendiente es el análisis de los impactos cualitativos y cuantitativos de la norma, es decir, su costo y beneficio así como el impacto de su vigencia. En ese sentido, el experto de la UIF espera que la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados sea este año.
“Ya hay una primera respuesta (de parte del Minjus) en la que dicen que jurídicamente la propuesta es viable solo faltan los análisis cuantitativos. No soy experto jurídico, pero por lo que ha venido pasando, pienso que este año pueda salir la norma”.
De emitirse la norma -según detalló Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic Legal (Gestión 27.10.2022)- implicará que todas las plaformar que comercializen criptoactivos o criptomonedas tendrán que inscribirse en un registro que estará a cargo de la UIF.
De este modo se podrá saber quién administra las plataformas y cuál es el origen de los fondos. Pero, además, estas empresas deberán conocer a sus clientes para quitarles el anonimato y tendrán que enviar a la UIF reportes de operaciones sospechosas (ROS).
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Para el fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, las organizaciones de grandes lavadores de dinero está conformada por expertos en sistemas financieros, bolsas de valores, transacciones internacionales, criptomonedas e informática.
“Son gente con mucha experiencia y capacitación, por eso es que -a veces- es difícil seguirle el rastro”. Ante ello consideró vital iniciativas como la planteada por la SBS para rastrear la ruta del dinero mal habido.
Lo bueno de los criptoactivos -subrayó el intendente de la UIF- es que el seguimiento de la ruta del dinero es automático, ya que todo ello están en un sistema y existen herramientas especializadas que pueden hacer el seguimiento.
“Se vuelve vulnerable a los ojos de UIF cuando pasa al sistema financiero. Cuando encontramos el dinero en el sistema financiero, una herramienta que tenemos (para evitar su uso) es que podemos congelarlo para asegurarnos de que este en manos de las autoridades hasta concluir con la investigación. Al final se puede incautar”, puntualizó.