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Telefónica S.A., matriz de Telefónica del Perú, presentó una demanda contra la República del Perú ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión).
El pedido fue presentando el pasado viernes 12 de marzo, ante el órgano del Banco Mundial.
La solicitud de arbitraje de Telefónica de España se debe a que considera que hay incumplimiento del Perú a los acuerdos de inversión suscritos entre Perú y España, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú (APPRI) de fecha 17 de noviembre de 1994.
En este contexto Telefónica alega que la Sunat y otros organismos del Estado, incumplen las obligaciones establecidas en el APPRI, incluyendo actuaciones arbitrarias y discriminatorias.
En este proceso no se pretendería una indemnización económica del Perú, sino un respeto a los acuerdos de inversión suscrito entre los países. En este caso, entre España y Perú.
Uno de los temas claves de este arbitraje, es la demanda de la Sunat contra Telefónica, proceso que lleva 21 años, y que ha tenido un largo trámite en el Tribunal Fiscal, que ahora está en el Poder Judicial. Parte de este conflicto fue llevado al Tribunal Constitucional, que hace unos días falló a favor de Telefónica por los intereses generados, eximiendo del pago de S/ 723 millones, ), por considerar que la excesiva duración del proceso perjudicó a la empresa al hacer que la cantidad siguiera creciendo. Aunque el proceso sigue en el Poder Judicial, por la deuda principal que argumenta la Sunat y otros conceptos.
Otras acciones que enfrenta Telefónica han sido los temas de regulación y otros temas tributarios.
Acciones previas
Este proceso no habría sorprendido al Gobierno ya que en mayo del año pasado Telefónica de España notificó al Perú la existencia de la disputa en el marco del APPRI.
El periodo de seis meses para alcanzar una solución amistosa entre las partes a esta controversia internacional ha expirado sin éxito, por lo que han procedido a continuar con este proceso.
De la misma manera se conoció que Telefónica mantiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Perú.
No es la primera vez que Telefónica recurre al Ciadi para saldar controversias con autoridades de la región. En 2018 presentó una solicitud de arbitraje contra Colombia por un laudo arbitral en dicho país que le condena a pagar 1,652 millones de pesos colombianos (470 millones de euros) por los activos utilizados para la implantación de la telefonía móvil en el país sudamericano.
