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El futuro de las aerolíneas estadounidenses es incierto: están enfrascadas en negociaciones difíciles con el gobierno federal, determinado a ingresar en su capital a cambio de ayuda financiera para enfrentar las millonarias pérdidas causadas por el coronavirus, pero el mecanismo aún no se concreta.
Una pulseada se disputa tras bastidores entre los ejecutivos del sector aéreo y el Tesoro estadounidense, a cargo de repartir los US$ 2.2 billones del plan de ayuda económica para todo el país promulgado a fines de marzo por Donald Trump, según fuentes industriales.
El plan prevé una ayuda de US$ 50,000 millones para las aerolíneas. La mitad del monto estaría destinado a preservar empleos hasta el 30 de setiembre.
El gobierno no quiere dar un cheque en blanco. Una de las contrapartidas en discusión es una participación del gobierno en el capital de las aerolíneas, cuya amplitud determinará si se trata de una nacionalización o no.
Esta hipótesis es considerada una línea roja por los ejecutivos, según las fuentes. Temen que un Estado accionista repela a los mercados financieros.
El titular del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró este martes que la Casa Blanca trabaja en un acuerdo y avanza “muy rápido” para determinar las contrapartidas.
“Nos reuniremos con todos los consejeros de las compañías aéreas esta semana. Trabajamos y avanzamos muy rápido sobre este tema”, declaró Mnuchin a la cadena Fox Business, sin mayores precisiones.
American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines y Southwest, las cuatro grandes aerolíneas de Estados Unidos, dudan, según las mismas fuentes, sobre aceptar la ayuda pública, a pesar del brutal deterioro de sus ingresos.
Luego de un trimestre catastrófico, Delta, por ejemplo, prevé una caída de 90% de su facturación en el segundo trimestre del año. American en tanto, suprimió 90% de sus vuelos desde y hacia Nueva York, un mercado importante.
Pedidos de ayuda
Aunque American presentó oficialmente su pedido de ayuda el viernes pasado, la empresa contrató los servicios del banquero James Millstein para aconsejarle en las negociaciones con el Tesoro, según una fuente interna.
Millstein es un veterano de las reestructuraciones de deudas. Fue uno de los artífices del plan de salvataje de bancos e instituciones financieras dispuesto por el gobierno de Barack Obama entre el 2009 y 2011.
Southwest, por su parte, presentó su pedido de ayuda a último momento, indicó un vocero de la firma.
“Nuestro objetivo es evaluar todas las fuentes de liquidez que ayudarán a proteger empleos y reforzar la salud de nuestra empresa”, sostuvo.
El Tesoro pidió a las compañías que le indiquen cómo resarcirán al gobierno federal, y mandató a los banqueros de PJT Partners para discutir los términos de posibles acuerdos.
Delta, American, United y Southwest están por el momento en posición de debilidad en estas tratativas: su supervivencia está amenazada y en los últimos cinco años destinaron US$ 39,000 millones para beneficiar a sus accionistas mediante programas de recompra de acciones, según S&P Dow Jones Indices, en lugar de blindarse ante una eventual crisis.
Esto podría llevar al Tesoro a hacer duras exigencias, lo cual podría determinar que las empresas prefieran declararse en bancarrota, una figura que en Estados Unidos equivale al concordato que permite buscar acuerdos con acreedores.
Este esquema que permite a una empresa reestructurarse y seguir con vida, puede significar reducir gastos por la vía de recortes de puestos de trabajo.
“Digan al secretario Mnuchin que no puede jugar con la vida de las personas así”, fustigó Delta AFA, sindicato de Delta, que lanzó un pedido al Tesoro para que flexibilice su posición.
“La intención del Congreso al adoptar la ley (que creó un paquete masivo de ayuda económico) es dar un apoyo directo a las compañías aéreas al reconocer que la quiebra no era de interés para las empresas ni sus empleados”, escribieron en una carta enviada el domingo a Mnuchin cuatro representantes demócratas de alto rango, entre ellos Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
