
El caso escala así a segunda instancia y reabre el debate sobre el sustento técnico de las medidas, el debido proceso y el impacto económico que podrían generar sobre la cadena productiva local.
El recurso fue presentado el pasado 30 de abril contra la Resolución N.° 065-2026/CDB-INDECOPI. Según la empresa, la decisión de primera instancia presenta deficiencias metodológicas y procesales que justificarían su revisión por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi.

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Cuestionamientos al cálculo del dumping
Uno de los principales puntos de la apelación está relacionado con la metodología utilizada para calcular el margen de dumping. Prodac sostiene que durante la investigación se modificó el criterio inicialmente aplicado por la Comisión.
Según la empresa, en una primera etapa se utilizó a Ecuador como país de referencia para determinar el valor normal del producto; sin embargo, posteriormente se adoptó un cálculo basado en costos reconstruidos.
El cuestionamiento radica en que este cambio habría sido incorporado cuando la etapa probatoria ya había concluido, limitando —afirman— la posibilidad de presentar observaciones o pruebas de descargo.
La apelación también sostiene que no se habría acreditado un daño importante a la industria nacional, requisito indispensable para justificar la imposición de medidas antidumping.
De acuerdo con los indicadores contenidos en el expediente, la empresa solicitante habría mostrado crecimiento en producción, productividad y participación de mercado durante el periodo analizado, además de realizar inversiones significativas en el exterior.
Pierino Stucchi, abogado de PRODAC, señaló que el recurso presentado busca que el Tribunal revise el caso “con criterios estrictamente técnicos” y garantice la imparcialidad del procedimiento. Asimismo, indicó que existen “inconsistencias metodológicas relevantes y afectaciones al debido proceso”.
Economistas advierten efectos sobre la cadena productiva
Los cuestionamientos jurídicos fueron respaldados además por análisis económicos independientes que advierten debilidades en el sustento técnico de la medida.
El economista Iván Alonso sostuvo que la evidencia disponible no demostraría de manera consistente un deterioro significativo en la industria nacional atribuible a prácticas de dumping. Además, identificó observaciones metodológicas respecto a la determinación del valor normal y el cálculo del margen de dumping.
En la misma línea, el economista Carlos Casas advirtió que gravar una materia prima como el alambrón podría trasladar mayores costos a toda la cadena manufacturera. Según explicó, ello podría afectar la competitividad de industrias que transforman este insumo, encarecer productos finales y desacelerar sectores intensivos en empleo.

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Dudas sobre imparcialidad
La apelación también incorpora cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Prodac señaló la existencia de reuniones no comunicadas entre autoridades del Indecopi y actores vinculados al caso, situación que —según la empresa— genera dudas sobre la imparcialidad institucional.
En ese contexto, la empresa informó que solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros evaluar la conducta del titular del Indecopi, sobre la base de hechos documentados que, a su criterio, podrían afectar la confianza en el procedimiento.
Como se recuerda, previamente la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) señaló a Gestión que mantenía su posición respecto de la reunión cuestionada.
Según explicó entonces, el encuentro formó parte de una visita institucional realizada en Perú, que incluyó reuniones con autoridades, gremios, asociaciones y medios de comunicación, dentro de una agenda vinculada a la situación del sector siderúrgico en América Latina y a nivel global.
Asimismo, precisó que la reunión con el Indecopi no pudo concretarse presencialmente durante dicha visita y que posteriormente se realizó de forma virtual con el presidente ejecutivo de la entidad. De acuerdo con Alacero, la conversación se mantuvo en un plano general y estuvo centrada en los desafíos estructurales de la industria del acero en la región, sin abordar casos específicos en trámite ni investigaciones antidumping.
La asociación añadió que actúa conforme a su Código de Conducta y en respeto de las normas de libre competencia en todas las jurisdicciones donde opera.
Empresas advierten incremento de costos
En el frente operativo, las empresas sostienen que la aplicación de los derechos antidumping ya estaría generando efectos en la cadena productiva. Según Prodac, los costos de fabricación habrían aumentado en más de 10% y el mercado de productos de alambre básico, como clavos y alambres recocidos, habría comenzado a desacelerarse.
El alambrón es utilizado como insumo en sectores como construcción, agroindustria, minería y pesca. Por ello, las empresas advierten que un incremento sostenido en el costo de esta materia prima podría trasladarse progresivamente al consumidor final y afectar la dinámica comercial de distintos sectores económicos.
Con la apelación ya presentada, el caso queda ahora en manos del Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi, que deberá pronunciarse sobre los cuestionamientos técnicos y procesales planteados por las empresas importadoras.
El resultado será relevante no solo para las compañías involucradas, sino también para la estructura de costos de industrias vinculadas al sector del alambre y actividades asociadas en el país.
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