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La política laboral del Gobierno es contradictoria. Por un lado, busca restringir en el sector privado la tercerización de actividades principales, pero por otro, promueve que este tipo de contratos se mantenga dentro de las instituciones públicas del Estado.
A fines de febrero el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un decreto supremo por el cual se restringe la tercerización laboral en el sector privado, bajo el concepto de que se busca evitar la precarización del empleo formal en el país.
Su aplicación aún se encuentra en discusión, pues el Poder Judicial viene resolviendo medidas cautelares para la inaplicación de la norma, mientras que en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dicho decreto fue declarado como barrera burocrática en primera instancia.
Sin embargo, la política laboral cambia cuando se aplica para los trabajadores del sector público, ya que desde el Gobierno se busca que las entidades estatales sigan contratando trabajadores bajo el esquema de locadores de servicios, también conocido como contratos por terceros, pese a que en el 2021 el Congreso aprobó una ley para prohibir esta modalidad.
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-Precarización laboral-
El Gobierno encontró en la ley de presupuesto de este año el mecanismo para suspender por todo el 2022 la aplicación de la Ley 31298 que prohíbe contratar locadores de servicios en el Estado. Es decir, actualmente las entidades públicas sí pueden contratar personal que solo gire recibos por honorarios, sin otorgarle a ese personal ningún beneficio laboral.
Ahora, en el proyecto de ley de presupuesto público del año 2023, el Gobierno plantea nuevamente extender la suspensión de la ley mencionada. Con ello, todas las instituciones estatales quedarían autorizadas para seguir contratando empleados sin beneficios laborales durante todo el próximo año.
De acuerdo con Servir, esta modalidad de contrato es considerada como la que promueve la informalidad laboral dentro del Estado. Y es que estos trabajadores realizan labores de forma subordinada en una entidad pública y, a pesar de ello, no están registrados en planilla bajo ningún régimen laboral y, por tanto, no acceden a beneficio laboral alguno (vacaciones, aguinaldos, compensación por tiempo de servicios, seguridad social en salud y pensiones, entre otros).
“Estas personas al servicio del Estado en condición de informalidad laboral suelen estar contratadas indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, regulada por el artículo 1764 del Código Civil y sus normas complementarias”, explica el informe “Reto de la formalidad en el sector público peruano” publicado en 2017.
Presupuesto para contratos por terceros se elevó 156% este año
Lejos de ir reduciendo los recursos para contratar “trabajadores informales” en el Estado, estos se elevaron fuertemente este años. El presupuesto institucional de apertura (PIA) del 2022 para contratar trabajadores como locadores de servicios, en los tres niveles de gobierno (nacional, local y regional) sumó S/ 3,176 millones, monto que supera en 156% los S/ 1,239 millones del PIA 2021.
Incluso, durante el año este monto se ha ido incrementando. Actualmente el presupuesto institucional modificado (PIM) para este tipo de contratos suma S/ 5,061 millones, es decir, S/ 1,885 millones más que a inicios de año.
El Gobierno nacional, dirigido por el presidente Pedro Castillo, es el que más presupuesto concentra para este tipo de contratos, con más de S/ 3,000 millones asignados para este año, de los cuales ya se ejecutó el 58%.
