Ejecutivo vuelve a insistir en gravar apuestas deportivas online: ¿Será viable esta vez?

Tanto las apuestas deportivas como los juegos online carecen actualmente de una regulación específica, es decir, no pagan impuestos. Por eso, no es la primera vez que el Poder Ejecutivo busca regularlas. En el 2019 se anunció un proyecto similar -luego del éxito de las casas de apuesta cuando Perú llegó al Mundial de Rusia- pero que no prosperó en un contexto de disolución del Congreso y algunas observaciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La justificación del Mincetur se basa -justamente- en que las casas de juego y apuestas deportivas online -entre las que figuran Betsson Group, Apuesta Total, Inkabet y Doradobet, por mencionar algunas- tendrían un movimiento aproximado de S/ 4,500 millones anuales por lo que podrían pagar cerca de S/ 160 millones al Estado en impuestos. Considerando además que la tasa de usuarios crece significativamente, sobre todo entre los 18 y 35 años de edad.

“Estas empresas de apuestas online aparecen en diversos comerciales, son patrocinadores de clubes, por lo que se evidencia una gran acogida y que podría generar excesos como la ludopatía”, indica el abogado tributarias Miguel Carrillo, quien tiene algunas observaciones a la propuesta.

Cabe indicar que, a diferencias de las apuestas online, los casinos y tragamonedas con locales físicos pagan dos tipos de impuestos además del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta: una tasa de 12% por el Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, y un ISC en función del nivel de ingresos y al número de máquinas y/o salas de juego.

Fernando Calderón, presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), dijo a Gestión.pe que en el 2019 sus asociadas pagaron al Estado por concepto del impuesto especial cerca de S/ 310 millones y por ISC S/ 80 millones. Las cifras se redujeron llegada la pandemia; en el 2021 se pagó en conjunto S/ 125 millones considerando que solo la mitad de locales se reactivó. Prevén alcanzar cifras prepandemia para enero del 2024.

¿Es viable la propuesta?

Para el tributarista Jorge Picón, el problema de la propuesta del Mincetur recae en cómo se logrará recaudar o fiscalizar en la práctica. “No es diferente al tema de Netflix y a las otras plataformas digitales que el Gobierno también intentó gravar pero que el Congreso no le autorizó en la delegación de facultades. Ojo, no está mal gravar, el problema es que no hay cómo controlarlo”, reitera.

Explica que para imponer la tasa del 12% al ingreso neto la Sunat tendría que tener control e información sobre los ingresos por las apuestas realizadas así como los premios otorgados e incluso bonos y otros incentivos que ofrecen las casas de apuestas online, cuyos montos no son fijos.

A ello se suma -agrega Carrillo- que no todas las compras de apuestas son bancarizadas, “se utilizan otros métodos de pago que no necesariamente podrán ser retenidos para poder aplicarle un impuesto”. La opción- añade- sería cambiar la Ley del IR y aplicar el impuesto por la teoría de flujo de riqueza, “gravarlo como si fuera un incremento de patrimonio no justificado”.

Mientas que el ISC de 1% a la apuesta pagada por el cliente sería una solución más viable, aunque considerando que quien asumiría el costo sería el usuario. “Aplicarla tiene justificación, pues el Estado considera que es un sector que crece en demanda y debe proteger la salud de su población desincentivando su uso”, anotó.

Afectación a la libertad de empresa

El Mincetur también propone que las plataformas tecnológicas en juegos y apuestas deportivas cuenten con autorización, tengan locales físicos, deban estar inscritas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), contar con un representante legal en Perú y un dominio web con la terminación “.pe”. Todo ello, para “evitar la fuga de capitales y previniendo el lavado de activos”.

Sin embargo, Carrillo menciona que si bien la iniciativa pareciera incentivar la formalidad de dichas empresas, podría ser cuestionada como una afectación a la libertad de empresa y restricción de la misma, considerando que la Sunat ya cuenta con las herramientas para verificar qué empresas generan ganancias y no están pagando impuestos.

“A la larga, cuando llenas de formalidades a un sector lo que creas es que se vuelvan más informales”, finaliza. El Consejo de Ministros tendría que evaluar la iniciativa la próxima semana, aunque primero se enfrentará al voto de confianza en el Congreso de la República.