La calificadora de riesgo S&P Global rebajó la nota crediticia del Perú a BBB- debido a la inestabilidad política. Esta no es la primera rebaja o “downgrade” que se le hace a la calificación crediticia del país, lo que nos deja a un paso de perder el grado de inversión y el grave impacto que tendría en la economía del país. Alonso Segura, Luis Miguel Castilla, Enzo Defilippi, Alfredo Thorne, Diego Macera y David Tuesta comentan sobre los riesgos a los que el Perú está expuesto.
La alerta inició a fines del 2020, cuando Fitch Ratings cambió a negativo las perspectivas para el Perú. En el 2021, Moody’s y S&P también rebajaron sus perspectivas, mientras que en ese mismo año Fitch realizó la primera rebaja a la calificación.
Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas (MEF), precisa que el último “downgrade” que realizó S&P al Perú antes de este fue en el 2022 y ahora con el reciente anuncio ya estamos en el último peldaño de grado de inversión, significa que la percepción de riesgo del país es más alta.
Segura indica que ya se había advertido sobre la posibilidad de que ocurriera esta secuencia de eventos debido a la inestabilidad política.
“Esto se da por una degradación institucional, porque esa fragmentación del Congreso básicamente no permite gobernar sensatamente, eso afecta el crecimiento y a su vez impacta en indicadores fiscales de solvencia de gobierno y obviamente han escuchado las declaraciones del ministro de Economía diciendo que este año tampoco van a cumplir la regla fiscal y esto da a entender que este gobierno no tiene control de políticas económicas y tampoco hay voluntad de consolidar fiscalmente”, comentó a Gestión.
El ex titular del MEF recuerda que la próxima revisión de S&P se daría el próximo año, que estaremos entrando en un periodo electoral, situación compleja para estar en el último peldaño del grado de inversión.
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Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza y también ex ministro de Economía, coincide en el impacto que vienen teniendo el debilitamiento de la institucionalidad fiscal, el populismo legislativo, la vulneración de la seguridad jurídica, entre otros problemas políticos, a pesar de los fundamentos macroeconómicos sólidos del país.
Castilla sostiene que el principal problema sería precisamente las medidas que toma el Congreso y un gobierno muy débil que no le pone el pare.
“Creo que S&P ajustó su visión a raíz de la aprobación del séptimo retiro de fondos de AFP y la posición tan tibia del Ejecutivo de no hacer nada al respecto, entonces eso creo que fue lo que gatilló la decisión de revisar de bajarnos la calificación”, agregó.
Diego Macera, director del BCRP y del Instituto Peruano de Economía (IPE) comentó en Canal N que, aunque las rebajas en las calificaciones crediticias iniciaron hace unos tres años, venimos arrastramos un problema institucional grave desde el 2016 o 2017, y eso es lo que ha pesado en la decisión de S&P.
Sin embargo, considera que “la premura en esta decisión de reducción es algo que se puede discutir. No veo ahora un deterioro demasiado marcado de las variables macro y de las proyecciones que necesariamente nos lleven a una decisión como la que ha tomado S&P”, añadió.
David Tuesta, Presidente del Consejo Privado de Competitividad, señaló que la rebaja de calificación crediticia por parte de S&P nos ha hecho retroceder en 13 años.
“Perú queda al borde de perder grado de inversión. La probabilidad de que otras clasificadoras hagan lo mismo pronto y que la caída libre continúe es alta. La irresponsabilidad trae consecuencias”, manifestó a través de la plataforma X.
¿Hay posibilidad de que otras calificadoras de riesgo hagan lo mismo pronto?
Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, señala que, teniendo en cuenta que el Perú ya venía con mayor riesgo y el gobierno no ha hecho nada para evitar que este se materialice, sería posible que las otras calificadoras de riesgo continúen con la tendencia de rebaja en la nota crediticia.
“Si una de las tres grandes (calificadoras) rebaja la calificación, es muy probable que las demás lo hagan, y es algo que se veía venir porque se baja la calificación por el desastre político que tenemos y por las medidas populistas que el gobierno no está pudiendo parar”, comentó a Gestión.
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Alfredo Thorne, ex titular del MEF, precisa que la calificación determina de una manera directa o indirecta el precio de nuestros bonos soberanos, o sea de la tasa de interés sobre nuestros bonos soberanos.
“El costo del financiamiento para todos los proyectos en el Perú van a ser más alto, entonces si una minera quiere hacer una obra en el Perú va a tener que hacer una valoración y descontar los flujos con una tasa de interés, y la tasa que va a usar es esta, eso quiere decir que la rentabilidad de ese proyecto va a ser más baja porque el costo de crédito es más alto”, refirió.
Asimismo, explica que gran parte de los fondos de inversión solo invierten en bonos que tienen grado de inversión y evitan los que no tienen.
“La calificación que nos ha dado S&P es un nivel por debajo del bono basura, entonces eso hace que muchos fondos estén alertas y quizás vendas sus posiciones en el riesgo Perú, es decir bonos del gobierno, de empresas”, dijo.
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Impacto en el país y en los ciudadanos
Si bien esta rebaja implica un encarecimiento del endeudamiento en general, por el momento, probablemente el efecto sería marginal, considera Alonso Segura. Pero, indica que lo que podría ocurrir en el corto plazo sería que se rebaje la calificación de entidades financieras.
“Usualmente las calificadoras, a las empresas del país, no las ponen en el mismo peldaño que soberano, sino que la ponen uno por debajo, entonces ahorita S&P va a revisar las calificaciones de todas las entidades, especialmente de bancos grandes que tienen calificación crediticia y es probable que los baje y ellos sí caerían en grado especulativo y así el canal de financiamiento a través de bancos se encarece más”, advirtió.
¿Qué se necesita para mejorar esta situación?
Castilla de Videnza señala que el tema central es convencer al mercado de que existe un plan claro de reconstruir las finanzas públicas y acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, y ambos dependen de lo que haga o deje de hacer el MEF. Un punto importante, indica, es comenzar a recuperar el espacio fiscal.
“Ahora si esas reglas fiscales no se están cumpliendo entonces ahí tenemos un problema, si entramos en un segundo año de incumplimiento eso podría ser un factor que gatille una siguiente reducción de las calificadoras”, señaló.
En cuanto al crecimiento económico, recordó que es necesario impulsarlo con la inversión privada, que actualmente está afectada por la tramitología y los problemas de vulneración a la seguridad jurídica.
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