La empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes) presentó una demanda contra el Estado Peruano ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, con el objetivo de ejecutar un laudo arbitral del Ciadi que le fue favorable por US$ 99.4 millones.
De acuerdo con la demanda, el laudo emitido en noviembre del 2024 concluyó que el Estado peruano incumplió obligaciones contractuales vinculadas a un proyecto de infraestructura vial en el país y sancionó al Perú a pagar en favor de Deviandes dicha cantidad.
Según el tribunal arbitral del Ciadi, el Estado peruano incumplió obligaciones contractuales clave, entre ellas:
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- No cumplir con el procedimiento para la aceptación formal de obras terminadas.
- No adoptar medidas suficientes para restablecer el orden social frente a protestas que impidieron la apertura del peaje de Ticlio.
- Impedir que la concesionaria pudiera operar la estación y recaudar los ingresos previstos en el contrato.
El tribunal concluyó que estos hechos constituyeron incumplimientos tanto del contrato de concesión como del contrato de garantía firmado por el Estado.
La acción presentada ante el tribunal estadounidense busca que dicha corte reconozca y ordene la ejecución del laudo arbitral del Ciadi, lo que permitiría a la empresa iniciar procedimientos para el cobro del monto reconocido. En ese contexto, la resolución del tribunal podría habilitar medidas de ejecución contra activos del Estado peruano en el extranjero, incluyendo embargos, en caso de persistir el incumplimiento del pago ordenado por el tribunal arbitral.
Deviandes es la empresa concesionaria encargada de la operación y mantenimiento de un tramo de la Carretera Central, en el marco del proyecto de integración regional IIRSA Centro.
El proceso judicial en Estados Unidos forma parte de los mecanismos internacionales disponibles para hacer cumplir laudos arbitrales contra Estados soberanos, especialmente cuando los pagos ordenados no se realizan voluntariamente.
El Perú ya afrontó un proceso similar (caso Kuntur Wasi) ante esta Corte estadounidense que inclusive llegó a declarar en default al Estado peruano.
