En un contexto donde la corrupción es un desafío para la gobernanza efectiva y la confianza pública, el Gobierno peruano, a través de la Secretaría de Integridad Pública, ha implementado la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP. Esta normativa no solo articula un procedimiento para la gestión de denuncias de corrupción, sino que también protege a aquellos que se denuncian las irregularidades en la administración pública.
Esta directiva responde a una necesidad crítica de fortalecer los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden reportar actos de corrupción, asegurando un enfoque sistémico y estructurado. El marco se inscribe dentro de una serie de legislaciones y políticas preexistentes enfocadas en la integridad pública y la lucha contra la corrupción.
Específicamente, se vincula con el Decreto Legislativo Nº 1327, que proporciona un escudo de protección a los denunciantes de actos corruptos y establece penalidades para las denuncias infundadas, intentando así equilibrar la necesidad de denuncia con la prevención del abuso del sistema.
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La Secretaría de Integridad Pública, a través de la Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública, es responsable de difundir la directiva y asegurar su cumplimiento.
Carlos Caro, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, refiere que “en la realidad es que las buenas intenciones no siempre se traducen en resultados efectivos. La falta de un marco de implementación sólido y la historia de esfuerzos anticorrupción ineficaces en Perú son razones para dudar de la efectividad de esta directiva. Podría terminar siendo más simbólica que práctica”.
Menciona que, historialmente, algunas iniciativas similares han sufrido por la falta de recursos, seguimiento adecuado y voluntad política para hacer cumplir las normas, lo que plantea preocupación sobre si esta nueva directiva podría enfrentar un destino similar.
La confidencialidad y demás características que se resaltan en la directiva ya han sido implementadas anteriormente, no hay nada nuevo de eso, pero las medidas de protección que se quieren otorgar al denunciante, resultan ser alentadores, a fin de que las personas no se sientan intimidadas de denunciar el lastre de la corrupción.
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Plataforma Digital
Pese a lo mencionado, un elemento clave es la consolidación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, establecida por el Decreto Supremo Nº 002-2020-JUS, como el canal principal para la presentación de denuncias de corrupción.
Esta plataforma busca asegurar un tratamiento adecuado, oportuno, eficiente y efectivo de las denuncias y las solicitudes de protección.
José Marcelo Allemant, socio en DLA Piper Perú, menciona que “lo importante de esta directiva radica en que la misma establece la forma en la que se debe canalizar las denuncias por actos de corrupción mediante una plataforma única digital. Esta es obligatoria para todos los servidores públicos de las entidades del Estado comprendidas en la Ley N° 27444.”
En caso estos no denuncien, serán pasibles de ser procesados por el delito de omisión de denuncia (artículo 407 del Código Penal). Así también, en la presente directiva se indican las características que tendrá el procedimiento de denuncia (confidencial, reservado, entre otros) y las medidas de protección que podrán obtener los denunciantes, dijo.
Allemant resalta que “en el caso de que se advierta que la denuncia se ha realizado por un motivo abyecto (mala fe), se procede a realizar lo siguiente: Requerimientos de información o verificación documentario y Comunicar a la STPAD (Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios) y/o a la PP (Procuraduría Pública) los argumentos por la cual se advierte una presunta denuncia de mala fe, a fin de que realicen las acciones correspondientes para la determinación de las responsabilidades administrativas, penales o civiles”.
Precisa que el denunciado al tomar conocimiento de ello, podría accionar legalmente, verbigracia, interponer una denuncia por el delito de calumnia.
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