La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 3 UIT (S/ 16,000) de los aportes realizados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Se trata de una propuesta, de carácter excepcional y temporal, que busca ofrecer un alivio financiero inmediato a miles de afiliados que hoy enfrentan graves dificultades económicas
La parlamentaria precisó que la medida busca permitir que los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) accedan a una parte de los aportes que han realizado durante décadas, antes de alcanzar la edad de jubilación.
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“Hablamos de dinero que los propios aportantes han contribuido durante años; darles acceso cuando más lo necesitan es un acto de justicia”, enfatizó la legisladora, al recordar que la demanda nace del sentir popular.
De acuerdo con el proyecto, los recursos necesarios provendrán del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una estructura que, según la propuesta, garantiza que el flujo operativo del SNP no se verá comprometido y que las pensiones seguirán pagándose con normalidad.
Desde una perspectiva fiscal, el diseño se sostiene sobre criterios de sostenibilidad, al tratarse de una transferencia extraordinaria financiada con fondos públicos ya programados. Se indica que medidas de este tipo, cuando son temporales y responden a coyunturas específicas, generan impactos controlados en el presupuesto y pueden ejecutarse sin alterar los equilibrios macroeconómicos.
El proyecto también recalca que la medida no altera la naturaleza del sistema de reparto ni pretende reconocer cuentas individuales inexistentes en el SNP.
Su enfoque es compensatorio: busca otorgar un alivio económico parcial a miles de aportantes que, pese a haber cumplido con sus contribuciones, no podrán acceder a una pensión por no cumplir los 20 años mínimos requeridos.
En este contexto, Ugarte sostiene que el retiro extraordinario constituye un mecanismo técnico de compensación parcial que permite redistribuir recursos hacia quienes enfrentan urgencias reales y tienen baja probabilidad de recibir una pensión futura. “Esta norma atiende necesidades inmediatas sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema”, afirmó.
