La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen para que los equipos decomisados en operativos contra la minería ilegal ya no sean destruidos tras su incautación. El Poder Ejecutivo había observado la propuesta legislativa hace cuatro meses.
La iniciativa congresal plantea que los bienes, maquinaria, equipos e insumos prohibidos que sean decomisados como parte de operativos contra la minería ilegal sean entregados, hasta de forma definitiva, a gobiernos regionales, provinciales y municipalidades. Proyecto fue presentado Eduardo Salhuana, congresista de Alianza Para el Progreso (APP), en julio del 2022.
Esta clase de equipos ilegales se incautan en acciones de interdicción. En estos operativos participan autoridades como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (Dicapi).
Con su aprobación, el dictamen deberá volver a ser agendado en el pleno. En mayo la máxima instancia del Congreso había aprobado el proyecto en primera votación con 84 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.
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Cuestionamiento gubernamental
El Poder Ejecutivo había observado la propuesta en junio bajo dos premisas. Primero, que la propuesta ponía en riesgo la celeridad de los operativos contra la minería ilegal y también que su aplicación afectaría la capacidad operativa de la PNP.
Sobre el primer punto, el Gobierno indicó que los operativos contra estas actividades delictivas son de alto riesgo y, por lo tanto, de alta confidencialidad.
“Las operaciones policiales y de Dicapi son de carácter reservado y confidenciales, lo cual puede verse afectado por la obligación de coordinar con las autoridades regionales para gestionar el retiro de las maquinarias y/o equipos de la zona de operaciones”, indica la autógrafa observada firmada por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola.
De igual forma, el Poder Ejecutivo cuestionó que el proyecto obligaba al personal policial a la custodia temporal de los bienes incautados hasta “la respuesta de las autoridades regionales”. Un cuidado que, asegura el Gobierno, podría demorar días o semanas enteras.
“Lo anterior, de conformidad a la respectiva Apreciación de Inteligencia, prescribiría que las operaciones se ejecuten incidiéndose en el factor sorpresa y rapidez en el desplazamiento del personal, de acuerdo al Informe de Riesgo, para una eficaz y eficiente ejecución de las operaciones policiales”, recalca el Gobierno en su observación.
Otro cuestionamiento gubernamental alude a la dificultad de los traslados. “No es posible el ingreso remolques de plataforma (cama baja), ni mucho menos realizar la custodia de dichos bienes, en razón que se expone al personal policial interviniente a posibles ataques por parte de los propietarios o responsables de las actividades mineras”, sostiene.
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Aprobación
A pesar de las advertencias del Gobierno, la Comisión de Energía y Minas aprobó por insistencia el dictamen en mayoría con 15 votos a favor, un voto en contra y una abstención.
Según indicó Segundo Quiroz, presidente del grupo de trabajo congresal, durante la sustentación del dictamen, dejarán que sea el reglamento posterior de la posible ley el documento que determine el grado de intervención de autoridades como la Fiscalía y la PNP en las transferencias de equipos a los gobiernos regionales y locales.
Sobre las dificultades logísticas para ello advertidas por el Poder Ejecutivo, Quiroz recalcó que confían en la capacidad de la Dicapi para ello. “La idea central de la iniciativa legal es darle uso a los bienes de la minería ilegal, que son objeto de interdicción, para las autoridades locales que necesitan volquetes, excavadoras y otra maquinaría sobre todo por la llegada de El Niño”, precisó.
Por su parte, Eduardo Salhuana, legislador proponente del proyecto observado, afirmó que el Estado peruano ha destruido maquinaría pesada en las interdicciones –incluyendo equipos de generación eléctrica– por un valor superior a US$ 130 millones entre el 2012 y 2016.
“La esencia del proyecto es subsanar una decisión mala del Estado peruano. No se puede entender cómo en poblaciones abandonadas con muchas necesidades, se dinamite esa maquinaría necesitada. No me parece razonable”, señaló.
Salhuana también aseguró que no existen casos donde los mineros sujetos de intervención hayan atacado a las autoridades. “Ellos son pequeños emprendedores con un marco legal incorrecto”, agregó.
Sobre la argumentación de los congresistas, el abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, tiene varias observaciones.
Lo primero es que la norma desconocería lo que pueden hacer los dueños originales de los equipos incautados. “Usan a El Niño como excusa. Los propietarios de esta maquinaría ilegal podrían pedir su devolución via judicial y no se daría el efecto que plantean”, asegura a Gestión.
Ipenza también cuestiona que la comisión congresal ignore la advertencia del Ejecutivo sobre la pérdida de la confidencialidad de las operaciones de interdicción.
“Con la posible ley, el fiscal cuando planifique sus actividades tácticas va a tener que pensar dónde pondrá en custodia el equipo. Lógicamente no van a querer esperar hasta que llegue la autoridad regional para movilizarla, de tal forma que algunos detalles del proceso van a tener que compartir”, asegura.
Para el letrado es falsa la afirmación del congresista Salhuana sobre que no existen casos de ataques a autoridades de parte de los mineros ilegales.
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