La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el martes por la tarde un dictamen, recaído en tres proyectos de ley, que propone derogar la Ley N° 30057, que constituye el Servicio Civil y crea la autoridad a cargo de este régimen laboral estatal: Servir. El Legislativo asegura que la entidad rectora de los recursos humanos del Estado no ha demostrado resultados desde el 2013, cuando se oficializó la norma rectora de su régimen.
Como alternativa, el grupo de Trabajo del Legislativo busca establecer una “comisión tripartita” entre representantes del Poder Ejecutivo, Congreso y “organizaciones de trabajadores estatales”. El equipo presentaría un proyecto de ley que proponga un único régimen laboral para el Estado peruano luego de 120 días de ser instalada.
Aparte la comisión que preside el legislador Pasión Dávila busca que se cree otro organismo técnico que reemplace a Servir. Estas intenciones del Congreso toman fuerza cuando las 176 entidades del Ejecutivo están transitando obligatoriamente al Servicio Civil. Aparte, ocurre a un mes que Servir cambiara a su presidente ejecutivo.
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Avance a cuestas
Uno de los cuestionamientos más grandes de los tres proyectos considerados para el dictamen es que Servir, en casi una década, no ha contribuido a que haya más meritocracia en el sector público.
Según la misma entidad con datos publicados en diciembre del 2023, solo 2,016 funcionarios laboraban bajo la Ley 30057 en 2022. Esto representa menos del 1% de los trabajadores del Estado hasta ese año, cuando eran 1.5 millones. A 2023, según dijeron en la Comisión de Trabajo durante la sustentación del dictamen, la proporción se habría mantenido.
Precisamente el dictamen plantea que todos los trabajadores que ya ocupan una plaza en el Estado gracias a un concurso público meritocrático bajo la Ley Servir, conservarían sus puestos y sueldos hasta que el nuevo proyecto de ley de régimen único sea aprobado en el Congreso. Sin embargo, no indica qué pasaría con los procesos en curso hasta que eso ocurra. En el mismo Servir, según su propia base de datos, hay 34 procesos vigentes este año.
Esta intención del Legislativo también paralizaría el tránsito obligatorio de las 176 entidades que componen el Ejecutivo, que se ejecuta actualmente en cinco grupos. A la fecha, ya casi concluyen el cuarto: 67 ya se incorporaron y 32 se sumarían el 22 de mayo. Las entidades restantes se sumarían a finales de agosto.
Como ya explicó Gestión, estas instituciones públicas tienen plazos fijos para presentar su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). Este es, bajo la Ley Servir, el primer paso del tránsito.
“Una vez que Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprueben el CPE presentado por las entidades, éstas podrán iniciar la fase dos del tránsito al régimen del Servicio Civil, que contempla la incorporación de servidores a través de concursos públicos meritocráticos”, dijo Guillermo Valdivieso, nuevo presidente ejecutivo de Servir, cuando se sumó el tercer grupo. Este diario intentó conversar con Valdivieso, pero al cierre de edición, no tuvimos respuesta.
Juan José Martínez, experto en gestión pública y ex titular de Servir, advierte que todo proceso que el Ejecutivo lograra realizar bajo la Ley 30057 quedaría congelado en caso se aprobara el dictamen en el pleno.
“Todos quedarían truncos. Si se aprueba, sería una pésima noticia. Es cierto que desde 2021 en adelante Servir ha sido debilitado, pero hay que reforzarlo. Un nuevo sistema no implica que deba desaparecer”, afirma.
Para Elias Munayco, abogado laboralista del Estudio Payet, Servir avanzó poco por falta de apoyo político. “Buscan un único régimen, pero el mismo Congreso está exonerado hoy de la Ley 30057. No hay motivación para sumarse al proceso. Dejar Servir es abandonar el sueño de tener un mejor servicio público”, reclama.
Martínez recuerda que la Ley Servir reconoce una lista de entidades que estaban exoneradas del tránsito al régimen civil, pero no del sistema. “El Congreso se reveló. El Tribunal Constitucional (TC) dijo que era inconstitucional liberarse de esa disposición, pero luego se volvieron a excluir con una norma”, señala.
Ricardo Matallana, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, considera que el Congreso frenaría una reforma que no solo es necesaria, sino también larga. “Servir refiere a los recursos humanos del Estado, pero también a sus remuneraciones. Eso implica tener los fondos suficientes. Por eso demora”, indica.
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¿Y la eficiencia?
Hoy todavía coexisten cuatro regímenes laborales en el Estado. Tres por Decreto Legislativo (276, 728 y 1057) y el Servicio Civil. Así, aún no se logra uno de los objetivos principales de la Ley 30057: unificar todo en un solo régimen. Una crítica fuerte del Congreso.
“Eso se debe a que Servir ha tenido poca capacidad estratégica para empujar a otras entidades. Algunas no han entendido su objetivo y hasta lo han cuestionado. Otras se han opuesto porque limita su ámbito de discrecionalidad, al reducir a los funcionarios de confianza”, responde Martínez.
La Comisión de Trabajo también ha cuestionado el Decreto Legislativo 1602, aquel que autorizó el tránsito obligatorio del Ejecutivo al régimen civil a finales del 2023. La posición de los congresistas es que este fomentará “despidos masivos” en el Estado, ya que también dispone que se evalué periódicamente a los funcionarios públicos, lo que afectaría su “estabilidad laboral”.
Sin embargo, de acuerdo a la ex presidenta ejecutiva de Servir, Ana Pari, lo anterior es inexacto. “Si no cumple la meta no se le desvinculará directamente. La entidad debe averiguar qué ocurre para que no cumpla y puede capacitarlo. Tendrían que ser dos años seguidos de incumplimiento para que se hable de una desvinculación”, dijo a Gestión en marzo.
A Martínez, medir a un funcionario por resultados le parece lógico. “Es clave para que el Estado funcione. Muchos concursos han sido arreglados. Si a eso le sumas que no hay gestión de desempeño le quitas eficiencia al Estado. Pareciera que el Congreso no quiere que mejore”, cuestiona.
Matallana cree que el Congreso busca implantar una estabilidad casi absoluta, más allá del desempeño. “Eso generaría que no haya renovación de cuadros. No habría oportunidad de hacer carrera, se irían los mejores, sobre todo jóvenes, que no verían chance de crecer”, afirma.
Para Munayco los congresistas promotores buscan rédito político. “Transitar a la Ley Servir es eso: ser evaluado para ingresar a la carrera pública, sino sales. Frente a esos posibles afectados, es útil decirles que ellos paralizaron esos despidos”, considera el abogado del Estudio Payet.
Vale decir que uno de los proyectos dentro del dictamen es de Waldemar Cerrón. Gestión reveló en marzo que la iniciativa había sido elaborada por la Federación Nacional de Sindicatos de Contrato Administrativo de Servicio 276 y 728 del Poder Judicial, entidad donde solo administrativos están bajo el alcance del Servicio Civil.
Los proyectos del dictamen de Trabajo aún deben ser discutidos en la comisión de Descentralización. Su presidente Alejandro Cavero, adelantó a Gestión que harán mesas técnicas para evaluarlos. “El enfoque será fortalecer el Servicio Civil, no derogarlo. Necesitamos un esquema de metas a corto plazo para Servir. Hay que acelerar el traspaso de las entidades a este régimen”, agregó.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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