Ciclón Yaku: solo cuatro ministerios con normativas aprobadas para evaluación de riesgos

Las intensión lluvias, crecida de ríos e inundaciones de azotan al país esta revelando, una vez más, la falta de capacidades de las autoridades en el Estado peruano, lo que evidencias las cifras.

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De acuerdo a datos de Afin solo 71 entidades de los tres niveles de gobierno cuentan con evaluación de riesgos de desastres y solo cuatro ministerios (Ambiente, Cultura, Educación y Vivienda) han aprobado normativas y/o metodologías orientadas a la evaluación de riesgos en los servicios públicos.

A lo que se añade que 41 de los 158 Sistemas de Alerta Temprana (SAT), de alcance comunitario, se encuentran inoperativos.

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El calentamiento global incrementa la ocurrencia de eventos climáticos: las inundaciones por lluvias intensas durante el Fenómeno El Niño (FEN) del 2017 -por ejemplo- afectó 4,931 km de vías, 57% más que en el FEN de 1997-1998.

Ante este escenario, Afin expresó que se necesita infraestructura resiliente, por ello es importante que, en cada proyecto, se evalúe un espectro de riesgos potenciales asociados al cambio climático y elegir la mejor estrategia de gestión de riesgos, así como el mecanismo financiero para llevarlo a cabo.

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“La resiliencia de la infraestructura depende en gran parte, además, de su mantenimiento. El terremoto de Pisco en 2007 dejó daños directos en los sistemas de agua y saneamiento de Cañete, Chincha, Ica y Pisco, relacionados con la recuperación y retorno de operatividad que ascendieron a S/ 77.3 millones, cifra que podría haber sido 5.9 veces menor si las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) hubieran realizado el mantenimiento constante de estos sistemas”, comentó.

Entre las principales dificultades para el desarrollo de acciones de gestión de riesgos se encuentra las débiles capacidades del recurso humano en las entidades públicas, principalmente en gobiernos regionales y locales, alertó el gremio.

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“Insistimos en un cambio de enfoque en el despliegue de infraestructura apuntando hacia la resiliencia por encima de la optimización de costos. Exhortamos a las autoridades a implementar una hoja de ruta estratégica para ejecutar las inversiones necesarias, para lo cual es relevante la participación privada”, puntualizó el gremio.

Nota

• Indeci estima que más de 4.2 millones de personas están expuestas a peligro muy alto ante inundaciones.
• El Estado debe asegurar las comunicaciones para la prevención y reacción durante y tras una emergencia. La interoperabilidad debe facilitar la coordinación entre las distintas organizaciones públicas y privadas. Por ello, se necesita desarrollar un Plan Nacional de Telecomunicaciones en Emergencias, según Afin.