ComexPerú denunció las consecuencias generadas por la omisión de funciones de la ONPE durante el proceso electoral, que ha impedido el desarrollo normal de la jornada y ha afectado a ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto en el marco de una fiesta democrática.
“Estas deficiencias —vinculadas a demoras en la entrega de material y retrasos en la instalación de mesas— no pueden relativizarse. La organización del proceso debe garantizar que el voto se ejerza sin obstáculos ni incertidumbre, en todo el país", precisaron a través de un comunicado.
En esa línea, exigen a las autoridades competentes una comunicación clara, oportuna y verificable sobre lo ocurrido: qué falló, dónde, por qué y qué medidas concretas se están adoptando para asegurar la continuidad de la jornada y evitar nuevas afectaciones. “La institucionalidad electoral se resguarda con transparencia y correcciones inmediatas”.
El gremio señaló que debe garantizarse el voto de todas las personas afectadas por estos retrasos. Agregó que no se les puede arrebatar un derecho fundamental. “La omisión o tardanza en instalar mesas no solo impacta la elección presidencial, sino también la elección al Senado y el conjunto de autoridades que el país debe elegir. La jornada debe cerrarse garantizando que todos los ciudadanos afectados hayan podido ejercer su derecho al sufragio”.
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Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que expresa un rechazo enérgico ante las graves deficiencias logísticas y tecnológicas que han afectado la jornada electoral de este domingo 12 de abril.
La falta de material electoral en diversos centros de votación, así como las incidencias en los sistemas digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y los miles de ciudadanos que no han podido ejercer su derecho al voto en el horario establecido son hechos que no admiten justificación.
Exigen investigación
“Ampliar el horario de votación no es gestión: es la prueba del fracaso de una preparación que debió ser irreprochable”, sentenció el gremio empresarial.
La CCL exigió que se establezcan responsabilidades claras, una investigación transparente y que ningún ciudadano quede sin sufragar por una falla que el Estado tenía la obligación de prever y evitar.
“La voluntad popular no se negocia ni se administra con improvisación”, puntualizó la CCL.
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