La denominada acción, recurso o demanda de amparo es un proceso judicial que busca proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución diferentes a la protección de la libertad individual, a los derechos relacionados y los que protege el hábeas data.
Es decir, a través este proceso judicial constitucional cualquier ciudadano buscará la protección de derechos como a la propiedad, vida, salud, trabajo, identidad, no discriminación, seguridad social, libertad de expresión, de opinión, libertad sindical, debido proceso, derecho de defensa, entre otros.
¿Cómo funciona?
La acción de amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos que protege (artículo 200 de la Constitución Política de 1993).
Sin embargo, no procederá una demanda contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular (es decir, sí se podrá interponer en procesos irregulares o cuándo se afecta el derecho de defensa).
En la pretensión, petitorio o lo que se solicita en la demanda de amparo al juez es el cese de amenaza cierta e inminente del derecho constitucional y de cesación de afectación del derecho constitucional vulnerado y que se retrotraiga las cosas hasta el estado anterior a la comisión de la afectación constitucional.
Así, como consecuencia de estos pedidos, el juez puede anular el acto jurídico, administrativo, judicial o declararlo ineficaz, inoponible, eliminarlo del ordenamiento, es decir, es irrelevante cómo lo solicitemos, debe quedar claro para el Juez y las partes que lo que se busca es eliminar determinada amenaza o afectación al derecho constitucional.
Una sentencia que declara fundada la demanda de amparo puede contener alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:
LA SENTENCIA PUEDE DISPONER:
La identificación del derecho constitucional vulnerado o
amenazado.
La declaración de nulidad de decisión, acto o resolución
que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos
constitucionales protegidos con determinación, en su caso,
de la extensión de sus efectos.
La restitución o restablecimiento del agraviado en el pleno
goce de sus derechos constitucionales ordenando que las
cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de
la violación
El orden y definición precisa de la conducta a cumplir con
el fin de hacer efectiva la sentencia.