El nuevo Gobierno anunció hace varios días que lanzará en la segunda semana de marzo de este año su oferta a los tenedores de deuda externa.
El nuevo Gobierno anunció hace varios días que lanzará en la segunda semana de marzo de este año su oferta a los tenedores de deuda externa.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, aseveró, en una comparecencia en el Congreso, que la crisis que vive el país hace necesaria una “profunda” y atisbó que habrá “frustración” por parte de los bonistas.

“Lo primero que hemos remarcado es que hay una voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer, y para poder crecer se tiene que quitar de encima el peso de una deuda que asfixia”, expresó Guzmán ante la Cámara de Diputados.

El ministro fue convocado para explicar en una sesión especial informativa las lineas del proceso de renegociación del pago de la deuda pública con el (FMI) y el resto de acreedores externos.

En la comparecencia, Guzmán expuso sobre el programa de sostenibilidad, cronograma y futuro de la deuda y respondió preguntas de los distintos bloques parlamentarios, aunque sin dar detalles de la letra pequeña de la negociación con los acreedores.

Al comienzo de su intervención, el titular económico del Gobierno de Alberto Fernández, que asumió el poder el 10 de diciembre pasado, remarcó que el país vive una "profunda crisis económica y social" y padece una "carga de deuda insostenible que de no resolverse profundizaría el descalabro macroeconómico".

Solución sostenible

"Tratar de hacer esto de la forma más ordenada posible, de sentar un ejemplo a nivel mundial de cómo resolver una crisis de deuda soberana. Nuestra preferencia es hacerlo de forma ordenada pero la prioridad, lo que viene primero de todo, es alcanzar una solución sostenible", enfatizó.

Como ejemplo, Guzmán subrayó que si Argentina pagara lo que tiene que pagar en el 2020, 2021 y 2022, “el ajuste fiscal que eso conllevaría destruiría del todo la economía”.

“Eso no es consistente, no es sostenible”, consideró, y matizó que esa palabra quiere decir que el resultado que se alcance en la reestructuración le permita a Argentina “crecer y sostener en el tiempo ese crecimiento”.

Esta sesión se da una semana después de que el Senado sancionara un proyecto de ley que habilita al Gobierno de Alberto Fernández a dar los pasos formales necesarios para la negociación de la reestructuración de la abultada deuda soberana emitida bajo legislación extranjera.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Economía, el 31 de diciembre pasado la deuda pública total argentina ascendía a US$ 323,177 millones -en el 2015 era de US$ 240,000 millones, según el anterior Ejecutivo, encabezado por el conservador Mauricio Macri (2015-2019)-, de la que US$ 142,807 millones estaban bajo legislación extranjera.

"Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país", añadió el ministro.

“Es hora de sentar condiciones para que haya un ‘nunca más’ a los ciclos de sobreendeudamiento, ciclos que destruyen oportunidades y generan angustia y profundos desequilibrios sociales. Hay que acabar con esto para tener una Argentina tranquila que crece en paz”, enfatizó.

Reestructuración profunda

Tras hacer repaso al empeoramiento de los indicadores sociales en los casi dos años que el país lleva en recesión, el ministro aseveró que con esos números "es necesario que haya una reestructuración de la deuda profunda".

"Está claro con estos números que va a haber frustración por parte de los bonistas, pero nos tenemos que sentar todos a la mesa sobre la base de la responsabilidad y sobre la base de una cuota grande de realismo para evitar que esto sea una perdida para todas las partes", indicó.

El nuevo Gobierno anunció hace varios días que lanzará en la segunda semana de marzo de este año su oferta a los tenedores de deuda externa.

Además, una delegación del FMI llegó este miércoles en el marco de las conversaciones para el pago del préstamo de US$ 56,300 millones -de los que Argentina ya recibió unos US$ 44,000 millones- que el organismo aprobó para el país en el 2018, al explotar la crisis durante el mandato de Macri.