
El congresista Juan Villanueva Calderón, de Juntos por el Perú, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a las universidades particulares a mantener una pensión fija durante toda la carrera para los estudiantes.
Se busca la modificación de la Ley Universitaria a través del PL 840-2026-2031-CD, el cual reconoce el derecho de los estudiantes a tener una pensión que no varíe durante los semestres académicos de su plan de estudios, ello, en un contexto donde las pensiones se modifican progresivamente.
Así cambiaría la ley
Según el documento, no se establecerá un precio único para todas las universidades ni se impedirá que estas fijen sus pensiones; esto dependerá de cada casa de estudios y deberá anunciarlo al estudiante antes de su primera matrícula.
Además, se proponen algunas excepciones, como la reserva de matrícula y retiro temporal por motivos como embarazo, incapacidad temporal o cuidado de un hijo menor, que suspenderían el cómputo hasta por dos semestres académicos.
En caso de estudiantes con discapacidad física, intelectual o psicosocial acreditada, el plazo podría llegar a cuatro semestres acumulables.
La universidad tendría un máximo de 10 días hábiles para responder a una solicitud de suspensión. Si no se pronuncia dentro de ese plazo, el pedido se consideraría aceptado.
No obstante, el estudiante podría perder el beneficio si supera el número de semestres previsto para su carrera, cambia voluntariamente de especialidad o abandona los estudios sin reservar su matrícula o sin una justificación válida.
Tasas fijas
Para los costos de procedimientos administrativos también se promueven cambios. A detalle, conceptos como solicitudes, los exámenes de aplazados, los cursos dirigidos, las carpetas de bachiller y titulación, las constancias de egresados y los certificados de estudios pasarían a tener un precio que no se aumentará.
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El PL prohíbe que las universidades incorporen cargos obligatorios adicionales, cambien la denominación de conceptos existentes, los fraccionen o trasladen costos a otros cobros con el propósito de elevar el monto de la pensión fija.
Villanueva Calderón alega que en algunas universidades los costos de ciclos tuvieron incrementos de hasta S/ 3,000, lo cual puede “afectar la planificación económica de las familias y dificultar la continuidad de los estudios”.
De esa forma, se busca modificar el artículo 75 del Código de Protección y Defensa del Consumidor para establecer que, en las universidades privadas, los posibles incrementos de las pensiones estén sujetos a las nuevas reglas de la Ley Universitaria. Sería el Indecopi la autoridad encargada de verificar y sancionar los incumplimientos.

