El Poder Judicial reanudó la audiencia para evaluar la suspensión temporal del cobro de peajes en la Línea Amarilla, a pedido del Ministerio Público. La sesión, inicialmente programada para noviembre, se llevará a cabo hoy martes 10 y mañana miércoles 11 de diciembre.
Esta medida fue solicitada por el Equipo Especial Lava Jato del Fiscalía, con el fiscal José Domingo Pérez a cargo. Se investigan presuntos actos de corrupción relacionados a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y las empresas Constructora OAS y Línea Amarilla S.A.C., actualmente administrada por Lima Expresa S.A.C.
“¿Y lo cobrado demás, lo han devuelto? Dice el señor abogado que la tarifa solo se dio hasta el 2020, pero ¿cómo del 2013 llegamos al 2020? pues incrementando debidamente la tarifa”, dijo el fiscal en la audiencia.
En la audiencia también participa el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien solicita -al igual que el Ministerio Público- anular el cobro de los peajes.
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Según el requerimiento del Ministerio Público, se solicita la suspensión de los peajes:
- Sección 1: Vía Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Prialé.
- Sección 2: Peajes Estadio, Ejército y Huánuco.
El Ministerio Público también solicitó el nombramiento de la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo de Proyectos Estratégicos (EMAPE), como administradora judicial de los peajes, a fin que custodie los bienes de la concesión.
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Acusaciones
De acuerdo a la tesis fiscal, la empresa OAS, antes Concesionario Línea Amarilla, realizó aportes ilícitos a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para financiar su campaña contra el pedido de revocatoria en su contra. A cambio, según la Fiscalía, Villarán favoreció a la constructora brasileña con una extensión del contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla.
Lima Expresa, subsidiaria de la empresa Vinci Highways y actual concesionaria de Línea Amarilla, sostuvo que opera bajo un contrato de concesión vigente y legítimo firmado con la Municipalidad de Lima.
Agregó que la solicitud del Ministerio Público responde a un caso que se encuentra en proceso de investigación por las instancias correspondientes. Además, invocó a las autoridades del sistema de justicia a adoptar decisiones en respeto de las garantías constitucionales.
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