De acuerdo con el Ejecutivo, se aprobaron 36 normas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, en el marco de sus facultades otorgadas por el Congreso. (Foto: Difusión)
De acuerdo con el Ejecutivo, se aprobaron 36 normas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, en el marco de sus facultades otorgadas por el Congreso. (Foto: Difusión)

La se convirtió en un verdadero problema para el Estado, ya que los peruanos se sienten “secuestrados” por la Hace solo tres meses, las cifras eran alarmantes: ¿Qué hizo el gobierno? pidió facultades legislativas al para poner orden a su manera, ¿cómo? el “” que, muchos expertos dicen, nunca existió. Gestión en esta nota desarrolla el análisis.

El , una de las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad nacional, nunca se había sentido tan inestable como ahora: cuatro ministros en un año.

Desde , que fue destituido por las , a que renunció ante presión del Congreso por justificar las muertes, pasando, recientemente, por el destituido que perdió la batalla contra el y llegando a que, hasta ahora, solo hizo un anuncio temerario ; deberá actuar ya, sino tendrá la misma suerte que sus antecesores.

El nuevo ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, afirmó que su gestión “será en la calle” combatiendo la delincuencia. Asimismo, aseguró que las bandas criminales como el Tren de Aragua y Gallegos tienen los días contados Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec
El nuevo ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, afirmó que su gestión “será en la calle” combatiendo la delincuencia. Asimismo, aseguró que las bandas criminales como el Tren de Aragua y Gallegos tienen los días contados Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec
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Pese al cambio del “liderazgo” en dicha cartera, el Ejecutivo buscó respuesta afuera, a un vecino de la región que, en ese momento, se había convertido en el país con menores índices de delincuencia en Latam:

La mano dura de dicho país interesó al gobierno peruano ante el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, el premier Alberto Otárola dijo que .

En ese entonces, el ministro del Interior, (quien fue censurado por el Congreso), precisó que

Sin embargo, el plan tenía que esperar, ya que el Ejecutivo no tenía otra opción que volver a utilizar el mismo mecanismo de “suprimir derechos que se usó para controlar la pandemia:

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartó la implementación de un “plan Bukele” y refuerza el proyecto de solicitud de facultades legislativas al Congreso para continuar trabajando en el plan de seguridad nacional desde el Poder Ejecutivo. (Foto: PCM)
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartó la implementación de un “plan Bukele” y refuerza el proyecto de solicitud de facultades legislativas al Congreso para continuar trabajando en el plan de seguridad nacional desde el Poder Ejecutivo. (Foto: PCM)
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Estado de emergencia: ¿redujo la delincuencia?

Hace tres meses, el gobierno de en cuatro distritos de Lima (San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Lince y Cercado de Lima) y siete de Sullana (Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa) para frenar el crimen organizado, principalmente al Tren de Aragua.

Dicha medida suspendió derechos fundamentales como la libertad de tránsito o de reunión a partir de la media noche. Pero, ¿Cuál fue el balance? En su momento la informó que en

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Sin embargo, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, negó que se haya reducido la , incluso había declarado que Mientras que en , pese al estado de emergencia, dos personas fallecieron en manos de sicarios.

Además, para los peruanos, el Estado de Emergencia no sirvió. Y es que el , así lo indicó una encuesta realizada por el mes pasado.

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El gobierno de Dina Boluarte declaró el Estado de Emergencia por 60 días en cuatro distritos de Lima (San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Lince y Cercado de Lima) y siete de Sullana (Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa) para frenar el crimen organizado, principalmente al Tren de Aragua.
El gobierno de Dina Boluarte declaró el Estado de Emergencia por 60 días en cuatro distritos de Lima (San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Lince y Cercado de Lima) y siete de Sullana (Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa) para frenar el crimen organizado, principalmente al Tren de Aragua.
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Plan Boluarte: Ejecutivo quiere poner orden a su manera

En su mensaje a la Nación, Dina Boluarte pidió al Congreso facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, un mes después (agosto)

Es decir, el “plan Boluarte” daba inicio, primero, con la expulsión de extranjeros ilegales.

Expulsión de extranjeros que cometan delitos

Ante el aumento de las bandas criminales transnacionales como el “ o “Los Gallegos” en la capital, el gobierno , que modifica el , para

También, de aquellos que promuevan el traslado ilegal de dichos extranjeros, así como las

Expertos comentaron en su momento a Gestión que dicha medida era oportuna, ya que tenían que cumplir dos tercios de su condena aquí para luego salir del país. “No tiene ningún sentido expulsar a estos foráneos de manera inmediata (...) si es que lo botan antes, quizás lleguen a su país de origen y lo sueltan”, dijo Cluber Aliaga, ex ministro del Interior. Por su parte, el Defensor del Pueblo, cuestionó la medida,

Efectos de la medida. Durante su presentación del V Informe de Avance de su Gestión, Boluarte informó que el “Cientos de venezolanos estaban saliendo por el norte del país, por Tumbes”, dijo la jefa de Estado.

Dina Boluarte informó que el Mininter había recibido más de 84,000 solicitudes de regularización de situación migratoria y más de 79,000 pedidos de amnistía.Foto: andian
Dina Boluarte informó que el Mininter había recibido más de 84,000 solicitudes de regularización de situación migratoria y más de 79,000 pedidos de amnistía.Foto: andian
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20 años de cárcel por robo de celulares

Otro medida del Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana, también modifica el código penal, esta vez las penas por el robo de celulares serán más duras.

Hace dos meses, el gobierno había aprobado el que establece que ncluso, puede llegar a 30 si el robo se comete con arma de fuego y/o explosivos; y cadena perpetua si el agraviado llegó a morir.

En su momento, Carlos Bruce, el alcalde de Surco, afirmó ques, ni la pena de muerte tendría un impacto significativo en la disuasión de los criminales, ya que la probabilidad de que sean atrapado es baja.

De acuerdo con, cada día los delincuentes roban más de 4,000 celulares.

Robos de celulares sobrepasan las 4,000 unidades por día. Foto: gob.pe
Robos de celulares sobrepasan las 4,000 unidades por día. Foto: gob.pe
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Deshacionamientos de los penales

Ya no hay espacio para los internos en los penales. En Gestión advertimos sobre la. Además, en el penal del Callao, por ejemplo, la sobrepoblación supera el 500%.

Ante dicha situación, el gobierno reaccionó y decretó

Y es que la fórmula para reducir el número de presos en los centros penitenciarios sería el , ya que la medida establece que los procesados pueden estar en libertad usando dicho dispositivo de vigilancia. También, aplica a los que cumplen condena.

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Sin embargo, no es para todos, ya que no aplica en delitos como sicariato, trata de personas o terrorismo, ni que las pena sean superior a 6 o 10 años.

En su momento, , alegando que “por primera vez en la historia un juez tendrá una herramientas que les da un gran poder para evitar que el imputado o condenado ingrese a prisión”, dijo Carlos Caro.

Cabe resaltar, que no es la única medida que se ejecuta relacionado al . Gestión conversó en noviembre con el jefe del INPE y

El penal de San Juan de Lurigancho es el más grande del Perú: 9,444 internos, capacidad de albergue de 3,204 y una sobrepoblación de 195%.
El penal de San Juan de Lurigancho es el más grande del Perú: 9,444 internos, capacidad de albergue de 3,204 y una sobrepoblación de 195%.
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Legítima defensa y terrorismo urbano

Aunque el Ejecutivo puso como prioridad la en su agenda, desde los diferentes niveles de gobierno ya estaban diseñando medidas para reducir la criminalidad. Aunque, repetían la receta de

El Congreso había aprobado el proyecto de ley 5257/20222 CR, que, con el fin de proteger a la víctima de un robo o asalto a mano armada.

Sin embargo, en su momento, expertos cuestionaron la medida, alegando que

Desde el sillón municipal se presentaron medidas (también de corte normativo) para combatir la delincuencia. El más resaltante fue presentar un proyecto para Para la ., la extorsión o sicariato es terrorismo, en ese sentido, se buscó aumentar las penas a 20 años.

El Congreso había aprobado el proyecto de ley 5257/20222 CR, que exonera la responsabilidad penal en casos de legítima defensa, con el fin de proteger a la víctima de un robo o asalto a mano armada.
El Congreso había aprobado el proyecto de ley 5257/20222 CR, que exonera la responsabilidad penal en casos de legítima defensa, con el fin de proteger a la víctima de un robo o asalto a mano armada.
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De adentro hacia afuera: unidades de flagrancia y patrulleros

Si bien la mayoría de medidas relacionadas a fueron de carácter normativo, es decir, endurecimiento de penas o modificatoria del código penal, también hubo medidas ejecutoras u operativas.

Esta vez el órgano judicial toma la posta. Y es que dicho poder del gobierno , dichos centros permiten obtener sentencia en no más de 72 horas desde que se detiene a una persona en flagrante delito.

¿Cuáles fueron los resultados? El Poder Judicial resolvió “De estos 1,100 casos, el Poder Judicial ha resuelto el 85% de ellas. Vale decir alrededor de 800 a 900 casos que han sido resueltos en tiempo bastante célere”, destacó la institución.

 El Poder Judicial resolvió 85% de denuncias ingresadas en las unidades de flagrancia.
El Poder Judicial resolvió 85% de denuncias ingresadas en las unidades de flagrancia.
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En octubre, la presidenta anunció la entrega a la PNP, , bajo la modalidad de renting y con fines preventivos. “Estas camionetas son para garantizar la tranquilidad que vienen exigiendo nuestros ciudadanos”, mencionó.

Sin embargo, dichas adquisiciones fueron cuestionadas desde principios de año, por irregularidades en el contrato con empresas que alquilaron las camionetas al gobierno, así lo reveló en su momento Punto Final. Otro reportaje también mostró que la tiene más de 9,000 vehículos inoperativos debido a su mal estado.

En su momento, el general de la PNP, Jorge Angulo,

Dina Boluarte anunció la entregó a la PNP, 150 camionetas para patrullar las calle de Lima y Callao, bajo la modalidad de renting y con fines preventivos. | Foto: Referencial
Dina Boluarte anunció la entregó a la PNP, 150 camionetas para patrullar las calle de Lima y Callao, bajo la modalidad de renting y con fines preventivos. | Foto: Referencial
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Emboscada en Pataz

La última batalla contra el en el año. El fue una de las víctimas recientes de la inseguridad ciudadana. Y es que la minera de oro, ,Gestión había advertido meses atrás sobre el avance del

Ante dicha situación, el ministro del Interior, , se reunió con los representantes de la compañía minera para garantizar la seguridad de la zona, por lo que

El ministro del Interior se reunió con los representantes de la compañía minera para garantizar la seguridad de la zona, por lo que aseguró que se instalará una base de operaciones de la PNP cerca a la mina. Foto: Mininter
El ministro del Interior se reunió con los representantes de la compañía minera para garantizar la seguridad de la zona, por lo que aseguró que se instalará una base de operaciones de la PNP cerca a la mina. Foto: Mininter
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Aciertos, desaciertos y puntos a mejorar

Para Enrique Castro Vargas, especialista y ex director de seguridad ciudadana del , el balance del gobierno en materia de estuvo opacado por la demagogia punitiva, es decir, castigar a los criminales por demandas de la gente.

En ese sentido, aseguró que el no fue un acierto del gobierno para reducir la criminalidad, pese a que el Mininter mostrará los saldos favorables en torno a capturas u operativo, ya que ha generado la expansión de delitos a otras zonas.

Endurecer penas: “apago el incendio echando gasolina”, así lo afirmó Castro refiriéndose a los decretos del Ejecutivo Al respecto, afirmó que es absurdo que el delito de tenga la misma pena que un

Sin embargo, rescató la importancia del sistema judicial para instalar unidades de flagrancia; es un acierto. “Lo que hace es facilitar el acceso y garantía de la justicia (...) hoy, en los penales, el 70% tiene sentencia y el 30% no la tiene, antes era al revés”.

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“No previene la delincuencia, sino, actúa después de haber cometido el delito”, dice Castro.

Respecto al aumento de, dijo que se debería medir en función del tiempo de respuesta y qué tan descentralizado se encuentra dichos recursos.

¿Cuál es la prioridad? Para el especialista, debe primar en la política de seguridad ciudadana. “No es posibles hacer cambios estructurales si no se hace un trabajo de anticorrupción en nuestro país”

Al cierre de esta nota, Boluarte, donde resaltó que la realizó más de 1 millón de operativos, logrando capturar a 66,000 requisitoriados y desarticular 168 organizaciones criminales. Además, se logró capturar a los cabecillas criminales del Tren de Aragua y Los Gallegos.

CLAVE:

SOBRE EL AUTOR

Egresado en Periodismo en la Universidad de San Martin de Porres y estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Tiene más de 2 años de experiencia profesional. Laboró en Diario El Gobierno como redactor de Economía. Desde el 2023 es parte de Gestión.

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