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La presidenta Dina Boluarte está próxima a cumplir su tercer mes al frente del Gobierno sin poder dar una solución a la crisis social y política que vive el país.
Si bien en este momento las protestas en Lima y al interior del país han bajado en intensidad, aún continúan latentes, sobre todo, en Puno.
Esta región del país es la única que aún permanece con carreteras bloqueadas por manifestantes. De acuerdo a un reporte de SUTRAN, hasta las 8:00 a.m. se registraban 36 puntos con tránsito interrumpido.
Pese a que en este momento ya no se aprecian actos de vandalismo graves, como incendios de comisarías, locales del Poder Judicial y Fiscalía, o tomas de aeropuertos y empresas, las autoridades (Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas y Ministerio Público) se encuentran vigilantes.
Y es que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, adscrita al Ministerio del Interior, informó que, a la fecha, un total de 27 personas fueron sentenciadas por actos vandálicos durante las protestas.
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Todos estos ciudadanos fueron plenamente identificados como autores de la toma de carreteras en Ica. Por ello, según informó la Procuraduría, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de cárcel, así como deberán pagar reparaciones civiles por un monto superior a los S/ 50,000.
De igual manera, hay otras 22 personas que se encuentran bajo el mandato de prisión preventiva, entre uno a 18 meses, mientras son investigados por cometer actos violentos en diferentes regiones del país.
Estos casos se registraron en Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.
El Gobierno y su proyecto de ley
En el marco de las protestas que sacuden el país, el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las penas por delitos cometidos en un estado de emergencia.
Como se recuerda, hasta ahora el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en siete regiones del país en el marco de las protestas. Estos departamentos son: Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna
La iniciativa en mención plantea modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal a fin de “reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados”.
En total, la propuesta plantea incrementar las penas de, al menos, 15 delitos, en caso se cometan durante la vigencia de un estado de emergencia.
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Por ejemplo, la iniciativa plantea incrementar la pena del delito de extorsión, toma de locales y obstaculización de vías. Actualmente una persona puede afrontar una pena no menor de 5 años ni mayor de 10 años de cárcel en caso sea sentenciada por ese delito. El Gobierno busca que la sanción se eleve hasta 12 años de prisión.
Lo mismo ocurre con los disturbios. Actualmente una persona puede recibir una pena de hasta 8 años de cárcel por cometer este delito; no obstante, el Ejecutivo busca que la sanción se amplíe hasta los 15 años de prisión.
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Plazos de detención y audiencia judicial
La iniciativa también plantea ampliar de 24 a 48 horas la detención policial en el marco de un estado de emergencia.
En el caso de una detención preliminar, que dura 72 horas, el Ejecutivo busca que se amplíe hasta 10 días como máximo.
El Gobierno también sugiere que se realicen juicios inmediatos a las personas que son investigadas en el marco del estado de emergencia. De acuerdo a la propuesta, “la realización de la audiencia única no debe exceder las 48 horas, bajo responsabilidad funcional”.
En la exposición de motivos de la norma, se precisa que el derecho a la protesta, como todo derecho constitucional, tiene límites.
“El uso de la violencia y la fuerza, la afectación a la vida, el cuerpo y la salud, la destrucción de bienes públicos y privados que alteran el normal funcionamiento del Estado y la convivencia de sus habitantes no son elementos intrínsecos al ejercicio de este derecho”, se lee en el texto.
También se cuestiona que las conductas bajo análisis se encuentran sancionadas con penas mínimas que limitan la acción de los operadores de justicia a fin de proteger efectivamente a la sociedad.
“Por ello se hace necesario la nueva regulación de medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante un estado de emergencia. Ello con la finalidad de garantizar el restablecimiento del orden interno, y de esta manera, el respeto irrestricto del ordenamiento jurídico y de los bienes jurídicos que la legislación penal protege”, concluye el proyecto de ley del Ejecutivo.
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¿Cuál es la postura del Ejecutivo?
En diálogo con RPP, el ministro de Justicia, José Tello, descartó que el proyecto del Gobierno sea “autoritario”, tal como señalan algunos expertos y legisladores de bancadas de izquierda, como Perú Libre y el Bloque Magisterial.
En ese sentido, recordó que la presentación de esta iniciativa no solamente nace de una postura del Ejecutivo, sino de los integrantes del Consejo de Estado. Dicho organismo es conformado por las más altas autoridades de la Presidencia, Congreso y el Poder Judicial. Usualmente también acuden a las citas el fiscal de la Nación y el presidente del Tribunal Constitucional (TC).
“Nosotros, atendiendo el pedido del Poder Judicial, trabajamos en un proyecto que se termina presentando el año pasado, cuando tuvimos los Consejos de Estado orientados a atender la situación de la crisis política en su etapa inicial. El proyecto se presenta este año, a inicios de este mes. La iniciativa tuvo una serie de cambios”, manifestó.
Tello recalcó que hay que separar bien las cosas en el marco de las protestas. Por un lado, dijo que el Gobierno es respetuoso de las manifestaciones, siempre y cuando estas sean pacíficas.
“Hay que ser cautos en que la protesta no se puede degenerar y terminar en actos de violencia. Creo que todos lo entendemos, porque una cosa es salir a protestar a las calles y otra es ir a tomar aeropuertos”, cuestionó.
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¿Es viable endurecer las penas en el marco de las protestas?
Consultado por Gestión, el abogado penalista y docente de la Universidad de Lima, Carlos Caro, consideró que la propuesta del Ejecutivo es “inconveniente” debido a que no soluciona el tema de fondo.
“El tema de incrementar las penas por el solo hecho de estar en un estado de emergencia es algo que, en términos prácticos, puede generar una respuesta, desde mi punto de vista, simbólica, pero no tendrá efectos desde el punto de vista material, porque las protestas se dan y continuarán”, señaló.
A juicio del abogado, la norma no ayudará a disuadir a los manifestantes, tal como pretende el Ejecutivo.
“A mi entender esta es una medida puramente simbólica, porque el problema con las protestas no es un tema de que si las penas son altas o bajas, el problema es identificar a los autores, perseguirlos y sancionarlos (…) entonces, podemos tener una ley, pero será una ley de papel, no tendrá un efecto práctico. Solo será un saludo a la bandera”, remarcó
En la misma línea, Luis Lamas Puccio señaló que el aumento de la severidad de las penas no disuade ni intimida, tal como busca el Gobierno. “Las personas que cometen este tipo de delitos tienen otro tipo de motivaciones”, acotó a Latina.
El abogado penalista advirtió que la referida norma tiene un “tremendo sesgo en materia de criminalizar la protesta política”. “Entonces, recurrir a la criminalización es fortalecer la confrontación”, cuestionó.
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