El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó las directrices para la venta de bienes a través de subasta pública mediante el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). A través de la Resolución Ministerial N° 0174-2024-JUS, se dio a conocer esta nueva disposición.
Estas directrices establecen las pautas para llevar a cabo los procesos de administración y disposición de los bienes patrimoniales por parte del Pronabi, ajustando sus acciones a las normas que regulan el proceso de extinción de dominio, así como en los procesos penales relacionados con delitos cometidos en perjuicio del Estado.
“Que, conforme a los documentos de vistos, la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional de Bienes Incautados sustenta la necesidad de aprobar el documento denominado: “Lineamiento para la venta de bienes mediante subasta pública por el Pronabi”; cuyo objeto es establecer las disposiciones para normar la venta mediante subasta pública de los bienes que se encuentren bajo la administración de esta institución”, se lee en el documento.
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“La mencionada propuesta de Lineamiento guarda el orden y la estructura establecida en la Directiva N.º 05-2020-JUS/SG, “Directiva para la elaboración de directivas y lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, aprobada por Resolución de Secretaría General N.º 0039-2020-JUS, encontrándose a su vez alineada a los “Lineamientos para la administración y disposición de bienes a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados”, aprobados por Decreto Supremo N.º 001-2021-JUS”, se agrega en el oficio.
¿Qué es el Pronabi?
Es la institución que administra y dispone de los bienes incautados, decomisados por delitos en agravio del Estado, y declarados en extinción de dominio, para optimizar el uso de estos recursos, otorgarles valor social, económico y financiero, y contribuir en la lucha contra el crimen organizado.
En este contexto, el Pronabi asigna en uso temporal inmueble y vehículos incautados a favor de las entidades públicas y privadas sin fines de lucro, siempre y cuando hayan acreditado su mantenimiento y su buen estado de conservación, sometiendo a subasta pública a aquellos bienes que se encuentren afectados con mandato judicial de decomiso.
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