Los asociados de Proética manifestaron que tienen diferentes evaluaciones sobre el desempeño de la Junta Nacional de Justicia, pero coincidimos en que una decapitación exprés de sus miembros, como se propone en ciertos sectores del Congreso de la República, puede empeorar las falencias de la justicia peruana, y convertirse en un acto más de politización del sistema.
A esta conclusión han llegado, tras tomar en cuenta los intereses concretos de los grupos parlamentarios sobre nombramientos en organismos autónomos como RENIEC, la ONPE, entre otros, indicaron a través de un comunicado.
“El mismo peligro ofrecen proyectos de reorganizaciones abruptas del Ministerio Público, tal como pretenden diversas iniciativas. Nos preocupa especialmente la afectación de procesos anticorrupción, cuyos defectos y desviaciones −algunos evidentes− deben ser corregidos por los canales institucionales competentes”, añadió.
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Consideraron que en un país agobiado por actos de corrupción al más alto nivel, se han advertido graves problemas en el sistema judicial, especialmente en el Ministerio Público, que requieren reformas complejas. Estas deben ser discutidas ampliamente, con el sentido de urgencia que su importancia demanda.
En esa línea Proética se comprometió a participar en un diálogo abierto con las fuerzas cívicas y políticas dispuestas a encontrar el mejor camino para fortalecer la institucionalidad con una reforma que despolitice la justicia y ponga fin a la inadmisible pugna que mantiene un sector de sus operadores.
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Esto son: Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala, Inés Tello, Guillermo Thornberry, Antonio de la Haza y José Ávila, quien recientemente renunció a su cargo tras conocerse sus vínculos con el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva.
Precisamente el Consejo Directivo del Congreso de la República sesiona este viernes 1 de marzo para evaluar qué temas incluir en la agenda del pleno, incluyendo la denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia para que sea destituidos.
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