:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2ECFIUB4UVASXKFCKSJA6TXXTA.jpg)
Únete al canal de Gestión
El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para prorrogar por 6 meses más la investigación preparatoria contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
Como se recuerda, la exburgomaestre capitalina y otros implicados son investigados por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y otros en el marco del caso Odebrecht y OAS.
El juez basó su aceptación del pedido fiscal por la necesidad de efectuar todas las diligencias que se encuentran pendientes de realizar y que van a permitir el esclarecimiento de los hechos ivestigados.
“La complejidad de la investigación se manifiesta, no sólo porque se ha requerido la incorporación de personas jurídicas en el curso del presente estadio procesal, quienes tienen que defenderse de las imputaciones formuladas desde lo recabado durante la investigación preparatoria, sino que existen 28 diligencias internacionales pendientes, como bien lo sustenta el fiscal ponente, y pericias contables financieras en congruencia con el delito investigado de lavado de activos, procesos especiales de colaboradores eficaces, y la frustrada posibilidad que Diviac, pueda efectuar la vinculación de llamadas de geolocalización”, subrayó.
Según la tesis del Ministerio Público, el financiamiento de la campaña de Susana Villarán fue irregular pues se habría utilizado y ocultado dinero presuntamente ilícito proporcionado por las empresas Odebrecht y OAS.
Estas compañías le habrían dado apariencia de legalidad a través de la presentación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de una lista con aportantes falsos.
Además, según la fiscalía, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de Odebrecht.
La empresa brasileña OAS también habría aportado otros US$ 3 millones. El intermediario en todas estas operaciones, según el Ministerio Público, habría sido José Miguel Castro.
