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La situación legal del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se agrava. La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de concusión.
Esto, luego que el último domingo Cuarto Poder denunció que los trabajadores de su despacho, cada mes, entregaban su dinero como parte de una cuota supuestamente voluntaria en favor del legislador de Alianza para el Progreso (APP). Con ese dinero se pagaba la publicidad del titular del Parlamento en sus redes sociales, como Facebook.
La indagación también comprende a Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, trabajadora del despacho de Soto y encargada de juntar el dinero, “como presunta cómplice del mismo delito”.
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Al respecto, el procurador general del Estado, Daniel Soria, saludó la decisión adoptada por el Ministerio Público. Recordó que en el caso de Soto “hay conductas similares que han sido motivo de otras denuncias”.
“Es por ello que llegamos a la conclusión de que hay un nivel de sospecha simple para iniciar una investigación y, por eso, se le pidió a la Fiscalía de la Nación que inicie diligencias preliminares”, apuntó.
El abogado del Estado precisó que en el presente caso se tiene que investigar si realmente hubo una conducta voluntaria de los trabajadores del despacho de soto (en donar parte de sueldo) o si existió algún tipo de presión.
“Recordemos que estamos ante el contexto de un caso que, de alguna manera, tiene una suerte de patrón con otras denuncias que ha habido”, aseveró.
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Respecto al testimonio que pudieran dar los trabajadores del despacho de Soto, Soria advirtió que eventualmente “podrían haber algunos elementos de coacción”.
“La idea es que, de alguna manera, hay que evaluar qué conducta ha habido detrás para que genere a su vez la conducta de los trabajadores para dar estos aportes. Hay que determinar si estos aportes fueron realmente algo espontáneos o voluntarios, o si fueron producto de la coacción del jefe”, apuntó.
En ese sentido, enfatizó que “no hay privilegios, todos somos iguales ante la ley y todos tienen que ser investigados con la misma vara”.
Al ser consultado por la posibilidad de que el titular del Parlamento dé un paso al costado para no enturbiar las investigaciones, el titular de la PGE señaló que esa decisión le corresponde únicamente a los congresistas.
“Es un tema sobre el cual no me puedo pronunciar, pero quisiera reiterar que en una democracia todos estamos sometidos bajo la ley en las mismas condiciones. No hay privilegios”, sostuvo.
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