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El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ofreció esta mañana una conferencia de prensa para responder las diversas denuncias periodísticas que se publicaron estos días en los que se puso en evidencia sus presuntos vínculos con la minería ilegal.
Como se recuerda, el también legislador de Alianza para el Progreso (APP) fue cuestionado por haber presentado proyectos de ley que habrían beneficiado a mineros ilegales, como por ejemplo, la que plantea que la maquinaria objeto de interdicción no sea destruida y que sea llevada a municipios y gobiernos regionales para su uso en obras públicas.
El diario El Comercio también denunció que el congresista fue apoderado legal de dos mineros informales que vienen siendo investigados en la Fiscalía por delitos ambientales, entre otros cuestionamientos más.
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Al respecto, Salhuana remarcó que, en total, presentó seis proyectos de ley referidos a la pequeña minería y minería artesanal, dos de los cuáles son leyes vigentes y cuatro se encuentran en trámite. “En todas hemos tenido opiniones valorables de las instituciones competentes y de la sociedad civil”, acotó.
Según dijo, si no se ampliaba el proceso de formalización minera, planteada en unas de sus iniciativas, más de 89,000 ciudadanos inscritos en el Reinfo hubiesen pasado de informales a ilegales. “Tuvimos 103 votos de todas las bancadas, no podemos decir que todos los parlamentarios estarían apoyando una actividad ilegal”, sostuvo.
Respecto a las 65 visitas que tuvo en el Parlamento de personas allegadas a mineros informales, el titular del Parlamento aclaró que a todas las personas que ingresan a la sede del Parlamento se les hace una revisión exhaustiva, por lo que dijo que cualquier ciudadano con requisitorias y/o orden de captura no pueden acceder al Legislativo. Añadió que en estos tres años ha recibido en su despacho a más de 2,500 personas.
“En muchos casos los ciudadanos nos piden que los apoyemos para acceder a determinados eventos y se hacen seminarios, debates, encuentros en las salas del Parlamento y seguro que han llegado estas personas de las que se habla para discutir el tema del proceso de formalización (minera), pero evidentemente al ser un congresista de una región (Madre de Dios) con un gran sector minero, no me puedo negar a que ingresen al Parlamento. En todo caso, habría que ver situación por situación”, remarcó.
En ese sentido, Salhuana recordó que no es la primera vez que ejerce como parlamentario y que cuenta con una trayectoria dilata en la política, por lo que descartó que vaya a renunciar a su cargo en caso salga algo más grave.
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“Las actividades que realizo no las negamos, las aclaramos, las precisamos, porque algunos pueden tener una interpretación incorrecta o distinta. Yo he explicado cómo he intervenido, cuál es el contenido de mis iniciativas, que son de carácter publico. Entonces, si se supone que eso es ilegal, lo revisamos y como acabamos de ver, no lo es. Si hay otras dudas, igual me preguntarán y las aclararé (...) pero yo he sido elegido para el periodo de un año, creo que no tengo objeciones claras sobre mi conducta”, acotó.
“En todo caso, cualquier cosa o decisión se tomará en su momento. Por ahora la aclaración que estoy haciendo es amplia y creo que es evidente de mi conducta correcta”, aseveró tras calificar de difamatorias las publicaciones que alegan su vínculo con la minería ilegal, así como exigió responsabilidad y transparencia a los periodistas.
Anuncia salida de asesor de su despacho que laboraba en la UCV
Respecto a esta denuncia, Salhuana reconoció que Marzuka estuvo asignado a su despacho. Recordó que por ese año ejerció como vocero de la bancada de APP y presidente de la comisión de Transportes; sin embargo, anunció que será removido de su puesto.
“Ya pedí al personal y se está haciendo las investigaciones correspondientes. Él saldrá de mi despacho en los próximos días”, enfatizó.
Respecto a a la demanda que presentará la Junta de Fiscales Supremos para declarar inconstitucional la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, el congresista recordó que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo y que respetarán la postura que adopten.
Finalmente, indicó que tras una primera reunión en la Junta de Portavoces se determinó hacer algunas correcciones y modificaciones a la comisión de Ética a fin de que la ciudadanía deje de tener la impresión de que se pretende proteger a los legisladores que tienen una conducta irregular.
“Vamos a ver de qué manera mejoramos el procedimiento para que se sancione donde corresponda y se haga en el más breve plazo posible. En este momento hay como 4 o 5 procedimientos que están para votación y no se ha hecho. Eso también se ha hablado en Portavoces, vamos a priorizar este tipo de situaciones para que se determine y vote”, puntualizó.
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