Proyecto de control de precios es el primer paso de Perú Libre para traerse abajo la Constitución

El proyecto de ley de la bancada Perú Libre para modificar los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política, con el objetivo de establecer un control de precios no solo sería inconstitucional, sino que sería el primer paso para traerse abajo todo el régimen económico de la Carta Magna y generar una presión política y social para instalar la Asamblea Constituyente. Así lo señaló el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda.

“De aprobarse este proyecto de ley no solo sería el primer paso para traerse abajo el régimen económico de la Constitución, sino el íntegro de la Carta Magna porque al mismo tiempo también desconoce los derechos y las libertades económicas obtenidas en el artículo 2 de la Constitución. No es solo el régimen económico sino es todo el sistema de libertades. Nuestra Constitución parte de la premisa que la generación de la riqueza es de iniciativa de los privados, del emprendimiento de los peruanos y la función del Estado es crear la condiciones para que los privados desarrollen su iniciativa y, en segunda instancia, ayudar a distribuir la riqueza a través de la recaudación de impuestos”, sostuvo.

En esa línea, Álvarez Miranda explicó que lo que pretende hacer Perú Libre con su proyecto de control de precios es desconocer la ley universal de la Economía que es el de oferta y demanda. El jurista señaló que los precios son fijados por los costos de producción y distribución.

“Un control de precios es el primer eslabón para encadenar a la población a la pobreza porque es lo único que produce y con ello, generar una mayor intervención del Estado para atacar supuestamente la pobreza generada como ocurre en Venezuela y otros países chavistas. Por ejemplo, si un funcionario público del Ministerio de Economía que genera una realidad ficticia va a decir que los diarios o un tarro de leche va a costar 20 céntimos, estos van a escasear o desaparecer porque las empresas no cubrirán los gastos de producción y distribución de dicho producto”, indicó.

Recordó que el control de precios ya se vio en Perú en el gobierno de Juan Velasco Alvarado y en la primera gestión de Alan García y fue un fracaso que solo trajo más pobreza y miseria.

Estrategia de Perú Libre

El ex titular de TC también afirmó que esta iniciativa de la bancada oficialista es parte de su estrategia para cambiar por completo la Constitución con su Asamblea Constituyente generando una corriente en la opinión pública que incluso puede dividir al bloque de oposición en el Parlamento.

“Ellos [Perú Libre] saben que gran parte de la población no se va a oponer a un control de precios porque lamentablemente se dejan llevar por emociones inmediatas al no tener nociones básicas de la economía. Y luego, si el control de precios no funciona, dirán que es culpa de la Constitución para cambiarla con una Asamblea Constituyente para decir que así será factible. Todo lo tienen calculado. La presión mediática puede ser tan fuerte que incluso algunos congresistas opositores a Perú Libre, al no querer ser impopulares, pueden respaldar una ley de esta naturaleza”, enfatizó.

No obstante, Álvarez Miranda recalcó que en el supuesto negado de aprobarse esta ley de reforma constitucional para controlar los precios en el Congreso y no sea observada por el Poder Ejecutivo, le corresponde a la Defensoría del Pueblo presentar una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto.

Riesgos de las elecciones 2022 con una Asamblea Constituyente

En otro momento, Álvarez Miranda señaló que de instalarse una Asamblea Constituyente, en los próximos meses como propone Castillo, y el partido Perú Libre, esta podría suspender y afectar el desarrollo de las elecciones regionales y municipales que se realizarán en octubre del 2022.

“Lo normal en materia constitucional sería que una Asamblea Constitucional no afecte las elecciones regionales y municipales, pero en Perú muchas veces las cosas normales no son las que ocurren. Una Asamblea Constituyente no tiene mandato para imponer dispositivos que tengan como objetivo suspender o alterar un proceso electoral, pero ya se ha dado casos como en Venezuela, con el apoyo del Ejecutivo y donde incluso toman acuerdos de temas de coyuntura política en lugar de dedicarse a hacer la Constitución generando una duplicidad de competencias con el Congreso”, dijo.

Como se recuerda, el 30 de julio del 2017, se instaló en Venezuela una Asamblea Constituyente controlada por el ilegítimo presidente Nicolás Maduro, y una semana después “el suprapoder” (como se le conoce en Venezuela) aprobó por unanimidad adelantar las elecciones a gobernadores para que estas se celebren en octubre en lugar del 10 de diciembre de ese año, como había anunciado el Consejo Nacional Electoral de ese país.

Álvarez Miranda sostuvo que ante la fragilidad de las instituciones, la crisis de los partidos y autoridades regionales y municipales con poca formación política, es fácil que “un gobierno de tendencia marxista imite lo ocurrido en Venezuela” y la Asamblea Constituyente se convierta en un brazo de poder del Ejecutivo.

“Muchas de las autoridades regionales y municipales no son cuadros políticos formados en un partido, son aventureros que buscan cierta fortuna, y ellos serán los llamados a conformar esta Asamblea Constituyente, según la propuesta de Perú Libre, y por mantenerse un par de años en el poder pueden aprobar que se aplacen dichos comicios”, indicó.

“En la teoría constitucional no es el rol de una Asamblea Constituyente suspender las elecciones, pero si desde el Poder Ejecutivo se quiere dar el triunfo de la ideología marxista sí se puede todo es válido y se justifican todos los medios para este fin. La ideología se pone por encima del Derecho y del equilibrio de poderes. A ello, se le puede sumar el buscar el respaldo de la opinión pública y esto es manejado con los bonos que anunció el gobierno y llegar a una aprobación de 50%. Si se logra eso, ya no hay marcha atrás”, advirtió.

En esa línea, para Álvarez Miranda, la Asamblea Constituyente no debe instalarse y cualquier cambio total o parcial de la Carta Magna debe realizarse a través del Congreso de la República, “porque lo que busca un partido de ideología marxista como Perú Libre no es modificar la Constitución sino traerse abajo todo el sistema político para quedarse en el poder todo el tiempo posible”.

García Belaunde: Suspendería elecciones

El abogado constitucionalista Domingo García Belaunde aseguró que de instalarse una Asamblea Constituyente esta tendrá el poder de emitir una ley para suspender las elecciones hasta que se materialice la nueva Carta Magna.

“La Asamblea Constituyente puede aprobar como primera ley suspender las elecciones del 2022 porque tiene un poder casi absoluto, y esa ley no pasa por ningún poder del Estado como el Congreso o el Ejecutivo. No lo observa nadie y, por ende, no puede ser vetada. Podría empezar por ahí modificando el calendario electoral y lógicamente que todos los alcaldes y gobernadores que supuestamente conformarán esa Asamblea Constituyente lo respaldarán para quedarse hasta las nuevas elecciones”, dijo.

El jurista y catedrático afirmó que más allá de la ideología de izquierda ortodoxa de Perú Libre, no se puede instalar una Asamblea Constituyente porque no tienen los políticos y profesionales para reformar la Constitución.

“Todos vemos que carecen de técnicos en el gobierno y los congresistas de Perú Libre tienen conocimientos medianos en materia constitucional e incluso de como se maneja el Parlamento, y eso lo ha demostrado el propio presidente Pedro Castillo al pedirle a la presidenta del Congreso que le de a su bancada la comisión de Educación”, mencionó.