La semana pasada la Procuraduría del Congreso apeló la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que acogió en parte la medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ordenó suspender provisionalmente el proceso de investigación que realiza el Parlamento en contra de estos magistrados.
Además, el procurador de este poder del Estado, Manuel Peña Tavera, presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de que este organismo “disponga la inmediata nulidad de la medida cautelar” como parte de la ejecución de su sentencia, emitida en febrero pasado, en el marco del proceso competencial entre el Congreso y el Poder Judicial.
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Dicha sentencia anuló las resoluciones judiciales que impidieron la elección del defensor del Pueblo, a cargo del Parlamento, así como la aplicación de la ley que debilita a la Sunedu y la investigación contra el titular del JNE, Jorge Salas Arenas.
La mayoría de legisladores sostienen que en esta sentencia se prohibió al Poder Judicial revisar los actos del Legislativo; sin embargo, el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, refutó esa teoría y aclaró que sí lo puede hacer bajo una condición: siempre y cuando se vean involucrados derechos fundamentales de personas, tal como ocurre en el caso de los miembros de la JNJ.
“El ponente de ese caso, el doctor (Gustavo) Gutiérrez, se encargó de dejar claramente establecido que (el Poder Judicial no podía intervenir en procesos parlamentarios) siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales. (...) justamente, se dijo que cuando se traten de casos en los que estén involucrados los derechos fundamentales, la vía del amparo es posible”, señaló en diálogo con RPP.
En ese sentido, el magistrado remarcó que en una democracia “nadie puede hacer lo que le da gana”.
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“En un Estado constitucional, en una democracia que es regida por el imperio de la ley y la Constitución, nadie puede hacer lo que le da la gana porque todos estamos sujetos al mandato de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia. O sea, todos tenemos límites, incluso el Tribunal Constitucional”, sostuvo en alusión a las declaraciones emitidas por un grupo de legisladores.
Hace un llamado a la calma
Respecto al pedido del Congreso para que el TC realice una ejecución de la sentencia de la demanda competencial y anule la medida cautelar, Morales dijo que primero la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema debe revisar la apelación presentada por el Legislativo. En caso sea rechazada la apelación, ahí recién se vería el caso en su organismo.
“Hay que esperar qué dice la Sala Constitucional y Social. Puede revocarla o confirmarla. Entonces, a nosotros se nos ha hecho un pedido en un proceso ya resuelto (demanda competencial) para que en esta sentencia nosotros anulemos esto de aquí (medida cautelar). Bueno, vamos a evaluar, vamos a ver”, aseveró.
Finalmente, invocó a la tranquilidad tras este nuevo conflicto entre el Parlamento y la JNJ.
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