El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), José Aguilar, presentó su renuncia al cargo.
La dimisión se dio luego que el programa Panorama revelara que el funcionario enfrenta una denuncia por el presunto delito de colusión agravada, por supuestamente favorecer a una empresa cuando se desempeñaba como secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.
“Ayer (domingo), un programa hizo mención al presidente actual de ATU. El día de hoy está presentando su renuncia. Creemos que es mejor que ese proceso, que la investigación se dé no estando él dentro de la institución, para que pueda hacer los descargos que correspondan”, indicó Pérez Reyes en declaraciones a la prensa en Palacio de Gobierno, tras el Consejo de Ministros.
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Panorama reveló el domingo 4 de febrero que el presidente ejecutivo de la ATU, José Aguilar, enfrenta una denuncia por colusión agravada, por presuntamente favorecer a una empresa cuando se desempeñaba como secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra (marzo 2018 - noviembre 2020).
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El programa informó que, de acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario fue colocado en el cargo el 26 de mayo de 2018, en la etapa final del concurso público para la adjudicación del proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Según el reportaje, su llegada habría favorecido a la empresa Gilat Networks Perú SAC. con un contrato superior a los S/500 millones.
Gilat Networks Perú SAC. se pronuncia
Gilat rechazó la acusación de un supuesto favorecimiento indebido y señaló que la investigación fiscal tiene como origen la denuncia presentada por una persona que ocupaba la gerencia general de una de las empresas que conformaban el consorcio GMC CONECTA, “descalificado por incumplir las bases del concurso al no presentar oportunamente, pese a contar con cinco meses, documentos elementales e indispensables para la firma del contrato”.
Según indicó en un comunicado, en vez de impugnar la adjudicación a GIlat (la segunda mejor oferta), el Consorcio prefirió denunciar a funcionarios públicos y competidores comerciales.
“Ya ha tenido un revés legal: la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima desestimó en julio del 2023 el amparo presentado contra el otorgamiento de la buena pro a Gilat, confirmando la validez del procedimiento seguido por Proinversión”, apuntó.
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