Congresistas de bancadas de izquierda presentaron una moción de censura en contra de tres integrantes de la Mesa Directiva del Congreso: el presidente del Parlamento, José Williams, la primera vicepresidenta, Martha Moyano, y el tercer vicepresidente, Alejandro Muñante.
En el documento se indica que los parlamentarios infringieron los artículos 1,2, 38, 102 y Cuarta Disposición Final, de la Constitución Política del Perú. También se señala que vulneraron los artículos 23, 32, 33, 58, 61, 70, 78 y 89-a del reglamento del Congreso de la República.
En ese sentido, los legisladores que interpusieron esta iniciativa mencionan que existe una deficiente dirección de los debates con grave infracción del Reglamento del Congreso, además de la incitación a la violencia, en referencia a cuando se emitió un comunicado exhortando a las fuerzas del orden a actuar frente a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. También se menciona una mala administración administrativa y financiera.
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Asimismo, resaltan que pese a los constantes pedido de renuncias contra la jefa de Estado y “a pesar de más de las 60 muertes y más de mil heridos”, la Mesa Directiva busca proteger a Boluarte Zegarra para que conserve el cargo.
En la moción también sostienen que se ha registrado un procedimiento irregular y arbitrario frente a diversos proyectos debatidos en el. Sumado a ello, se recuerda la admisión de dictámenes presentados informalmente, además de no dar cuenta al Legislativo de la moción de vacancia que se presentó en enero pasado.
Por otro lado, los congresistas de izquierda dicen en el documento que una de las razones de esta moción es que fueron objetos de burla com memes mediante redes sociales, como TikTok. Esto, en relación a que se reveló que los parlamentarios contaban con un buffet los días que había sesión del pleno.
“Todas las presuntas irregularidades descritas no han más que poner en evidencia la grave omisión de funciones de parte de los miembros de la Mesa Directiva, por no haber supervisado sino permitido las diversas actividades administrativas, especialmente los procesos de contratación de bienes y servicios con las consecuencias muy graves que afectan la imagen del Congreso de la República”, agregan en el texto.
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