El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por el Ministerio Público a fin de que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, sea sometida un control biométrico de sus actividades de manera presencial en marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Línea Amarilla.
En la resolución emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se determinó que el recurso interpuesto por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, cumple con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio para ser aceptado.
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En su recurso de apelación, Pérez pidió que se revoque la resolución emitida el pasado17 de enero en la que se declaró fundado el pedido que hizo Villarán para que se prorrogue el control biométrico de sus actividades de manera “virtual” como parte del mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso en este caso.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la exalcaldesa habría concertado con directivos de las empresas O.A.S. Sucursal Perú y LAMSAC, a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla, en el año 2012.
Esto habría permitido que se realice un reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por LAMSAC en el año 2013 a cambio de que Villarán obtenga apoyo económico para financiar su campaña de reelección en el año 2014.
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Multan a su familia por construcción de piscina
A fines de febrero pasado, la Municipalidad de Lurín multó a la familia de Villarán con un monto que supera los S/ 51,000 por la construcción ilícita de una piscina. De acuerdo a la información brindada por ATV, esta sanción recayó en el hermano de la exburgomaestre.
Panorama difundió unas imágenes en las que se ve a Villarán disfrutando del verano. Una de las autoridades que criticó este accionar fue Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien la cuestionó por “invadir espacio público”.
Según lo detallado por el mencionado noticiero, se multó a la familia de la exfuncionaria con dos infracciones. La primera por construcciones antirreglamentarias (S/41,200) y la otra por ejecutar obras en la vía pública sin autorización (S/10,300).
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