A través de un comunicado, Perú Libre (PL) anunció su rechazo al proyecto de ley presentado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que propone que los directivos y fundadores de un partido político no deban tener condena por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito.
“Las leyes con nombre propio no tienen asidero en una democracia, menos cuando es procedente de un organismo, como el JNE, que debe guardar una conducta imparcial como ente garantista de la voluntad popular. Está claro que suspender sus derechos a los fundadores y directivos implica cancelar sus candidaturas, eliminando la voluntad de un grupo de ciudadanos a quienes cada líder representa en la sociedad”, se lee en el texto.
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A juicio de la agrupación que lidera el prófugo Vladimir Cerrón, el proyecto en mención “asigna un poder político a los jueces y fiscales, quienes decidirán quién puede ser candidato y quién no, atendiendo a los requerimientos de quienes ostentan el poder”. Añadieron que todo esto incrementará “la persecución a todo líder incómodo al sistema y el descrédito al sistema de justicia, que podría conllevar a una convulsión social”.
“La modificación propuesta por el JNE no solo transgrede estos principios fundamentales, sino que abre la puerta a una peligrosa injerencia en la vida interna de los partidos, socavando su autonomía y vulnerando la libertad de asociación”, señalaron.
Desde PL insistieron en que el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, con esta propuesta “politiza el ente institucional e interviene en la vida interna de los partidos”, por lo que hicieron un llamado a todos los sectores democráticos del país a rechazar el proyecto de ley en mención.
“Exigimos que se respete el margo legal vigente y que cualquier modificación a la normativa de los partidos sea producto de un amplio consenso, donde prime el respeto a la democracia”, enfatizaron.
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¿Qué plantea el proyecto de ley?
La iniciativa legislativa plantea que la participación de un partido en el proceso electoral en curso o en el más próximo se suspende si este tuvo conocimiento que el fundador o directivo ha sido condenado por los delitos antes mencionados y no lo han retirado del cargo.
También impulsa que los directivos de los partidos deben presentar una declaración jurada expresa con su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al Estado de derecho y a las libertades y derechos fundamentales que consagra la Constitución.
Actualmente, la Ley de Partidos Políticos solo indica que deben presentar esa declaración jurada los fundadores de la agrupación.
La misma declaración jurada con ese compromiso de vocación democrática expreso tendrán que presentar los directivos y fundadores de un movimiento regional y no podrán estar condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, por los delitos señalados.
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