Tras conocerse que el expresidente Alberto Fujimori, tras recuperar su libertad, solicitó al Congreso acceder a una pensión vitalicia de S/15,600, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley con la finalidad de derogar la ley que autoriza a las exmandatarios recibir tal beneficio.
La propuesta en mención, de autoría del segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, busca derogar la Ley N° 26519, que establece la pensión para expresidentes de la República, con la finalidad de aplicar el derecho de igualdad frente a las pensiones que se encuentran dispuestas en los regímenes de jubilación aplicables en el país.
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“Derogase la Ley N° 26519, que establece pensión para todos los expresidentes constitucionales de la República”, se lee en el documento.
Además, se precisa que la presente ley “es de aplicación inmediata” desde su entrada en vigencia, cancelándose todo pago por concepto de pensión vitalicia que se encuentra pendiente o por cobrar.
Respecto a los beneficios que pueden recibir los exmandatarios, en la norma se precisa que estos podrán recibir los “beneficios laborales que les corresponde por el tiempo que ostenten el cargo, así como dos efectivos policiales y una movilidad como parte del resguardo policial por dicho lapso de tiempo”.
“Beneficios entregados no se encuentran justificados”
En el proyecto se recuerda lo estipulado en el artículo 2 de la Constitución, que señala que “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
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En ese sentido, se sostiene que la igualdad ante la ley implica el trato igualitario entre todos los ciudadanos, y que este derecho en equidad pretende un trato justo entre sus miembros; “no puede ser concebible que aquellos que fueron elegidos para dirigir los destinos del país luego de unos años perciben las pensiones más altas, con una diferencia abismal en referencia a las pensiones establecidas por la ONP”.
También se advierte que el otorgarle vales de combustible, resguardo policial y movilidad a los expresidentes no tiene sustento siendo que estos no ejercen cargo y no realizan actividades laborales de función pública, “por lo que dichos beneficios entregados no se encuentran justificados”.
En tanto, la semana pasada el Congreso rechazó, en segunda instancia, la solicitud del expresidente Pedro Castillo para acceder a una pensión vitalicia de S/ 15,600 mensuales. Según argumentó el Legislativo, se declaró infundada la apelación, al menos hasta que no haya una sentencia judicial que lo declare inocente de los delitos que se le imputan.
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