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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció anoche que la presidenta Dina Boluarte fue citada a declarar el próximo 2 de enero del 2025 por el caso ‘el cofre’, vehículo presidencial que habría sido visto en la zona donde se realizó un operativo para dar con el paradero del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.
En entrevista con Punto Final, explicó que el pasado jueves firmó la resolución para la convocatoria de la mandataria a declarar ante su despacho sobre este tema.
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Al respecto, el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, confirmó que la mandataria acudirá a la Fiscalía tras la citación realizada por Espinoza.
“Tal cual la presidenta indicó en su mensaje, ella va a asistir, de hecho ella ha pedido que se le invite, así que ella va a asistir a la Fiscalía, tal cual lo mencioné”, indicó a la prensa, tras asistir a la ceremonia por la llegada de la tuneladora Delia a la estación Parque Murillo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.
Al ser consultada por el cambio de versión del exchofer del ‘cofre’, Félix Montalvo, sobre el destino final de Boluarte, Pérez-Reyes solo atinó a señalar que “la presidenta ya dio la información sobre dónde estuvo, ya se dio la información, se eliminó esta leyenda de si era en tal sitio, ya quedó claro con quienes se ha reunido”.
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Boluarte también se hizo presente en la misma ceremonia; sin embargo, evitó responder sobre este asunto y dirigió unas palabras a sus detractores, a quienes sindicó de “estar dolidos, porque no son parte de este Gobierno y no lo serán”.
Niega represalia contra Colchado
En otro momento, el titular del MTC negó que el pase al retiro del coronel PNP, Harvey Colchado, se deba a una represalia por parte del Gobierno.
“No son represalias, son procedimientos establecidos. Si creen que algo no se ha hecho que vayan a la vía administrativa y planteen un recurso”, sostuvo.
Explicó que el Ministerio del Interior sigue procedimientos establecidos para los ascensos y pases al retiro en la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que insistió en que cualquier persona insatisfecha con estas decisiones puede interponer recursos legales a través de la vía administrativa.
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