Pedro Castillo enfrenta una denuncia constitucional en el Congreso. Foto: Prensa Palacio
Pedro Castillo enfrenta una denuncia constitucional en el Congreso. Foto: Prensa Palacio

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre la denuncia constitucional en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, la cual ya cuenta con un primer informe a la espera de ser evaluado en la subcomisión correspondiente.

El parlamentario aseguró que el mencionado informe va a acabar en una suspensión al jefe de Estado y que, posteriormente, esta tendría que ser vista por el Poder Judicial. Por tal, indicó que ante ese proceso que va a generar inestabilidad en el país, lo mejor sería la vacancia por incapacidad moral permanente.

Ese informe va a terminar en una suspensión y esa suspensión va a terminar hasta que el Poder Judicial se pronuncie. Eso significa que el Perú va a vivir inestabilidad política hasta el término de esa resolución del Poder Judicial porque no se va a poder cambiar de presidente, simplemente se va a asumir el que sigue en la línea de mando en la Presidencia de manera temporal hasta que termine el proceso”, señaló en diálogo con Canal N.

Es una herramienta que se aplica y tenemos que hacerlo, pero no es lo mejor. Lo mejor sería la vacancia que corta definitivamente la relación”, agregó.

En ese sentido, Montoya Manrique explicó que la destitución del mandatario es una voluntad política, por lo que dijo esperar que sus colegas se den cuenta de ello y no sigan haciendo “tratos” con Castillo Terrones.

La vacancia es una voluntad política, no es una voluntad judicial y esa voluntad tiene que conseguirse en el Congreso. Espero que poco a poco los congresistas se den cuenta de la realidad y que no sirve de nada hacer tratos con el presidente”, sostuvo.

Denuncia constitucional

El último lunes 23 de mayo, el congresista Wilson Soto (Acción Popular), quien es el delegado para el caso de esta denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, presentó un primer informe ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

En este documento se concluyó que se debe continuar con el trámite de esta acusación contra el jefe de Estado y, además, recomendó citarlo para que ejerza su derecho a defensa con los descargos respectivos por las imputaciones en su contra.