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El Congreso presentó al Tribunal Constitucional (TC) una demanda de ampliación para interpretar el artículo 117 de la Constitución Política, referido a la denuncia constitucional contra el presidente de la República.
El planteamiento se oficializó a través de un documento que también lleva la firma del presidente del Parlamento, José Williams (Avanza País), y que fue remitido al Tribunal Constitucional.
Según la Carta Magna de 1993, el presidente de la República solo puede ser acusado por cuatro motivos: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales; disolver el Congreso; e impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo mediante un escrito ingresado a la mesa de partes del Congreso.
A Castillo se le imputa ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión. La denuncia también incluye a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda).
El pasado 10 de octubre la Procuraduría Pública del Congreso presentó una demanda competencial en contra del Poder Judicial por un conflicto de atribuciones en la elección del Defensor del Pueblo y de los magistrados del TC.
En el documento se detalla que, con la interposición de diversos procesos de amparo, el Poder Judicial interfirió en el normal ejercicio de estas atribuciones, pese a que, según asegura, le corresponde de manera exclusiva y excluyente al Poder Legislativo.
“La presente demanda de proceso competencial tiene por objeto que se declare que el Poder Judicial carece de competencia para intervenir a través de procesos ordinarios y/o constitucionales y/o, cualesquiera sea la denominación que se les pueda dar a sus pretensiones, respecto de las atribuciones exclusivas y excluyentes que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso”, se lee en la demanda.
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