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El presidente de la República, Pedro Castillo, presentó una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima en el que busca impedir el control político desde el Congreso.
“Se ordene al Congreso de la República se abstinencia de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra, y en mi calidad de presidente de Constitucional de la República del Perú”, detalla en el documento publicado en el portal Pasión por el Derecho.
En la demanda presentada por el presidente pide que se declare la nulidad de todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por Héctor Ventura, en el caso de ser jefe de una organización criminal.
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De la misma manera, que se declare nula la tercera moción de vacancia presidencial, por la investigación que realiza la fiscal de la Nación por presuntos ilícitos penales, que aún no ha sido presentada.
En la demanda no se hace referencia directa a la denuncia constitucional realizada por Patricia Benavides, fiscal de la Nación, que fue presentada en la víspera, por la presunta organización criminal en la que se involucra al presidente Pedro Castillo, así como los exministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado.
En la demanda de amparo hay un pedido adicional, contra la denuncia presentada por Lourdes Flores Nano, Ángel Delgado, Hugo Guerra y César Vignolo ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Contra la fiscal de la Nación
En contra parte, los aliados de Pedro Castillo han presentado diferentes acusaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La última fundamentada por la ministra Betssy Chávez en el que argumenta que es inconstitucional la demanda que presentó Patricia Benavides contra Pedro Castillo.
La demanda la presentó en su calidad de congresista de la República, según consta en el documento que entregó hoy a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Este proceso se suma a otras acusaciones contra la fiscal presentadas en el Congreso, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, a través del cual se busca alejarla del caso contra el mandatario.
