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Tras asumir como nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena anunció una serie de medidas destinadas a abordar los desafíos que afectan la institucionalidad, entre las que resalta la creación de una nueva Ley orgánica para el Ministerio Público.
El fiscal de la Nación apuntó que viene gestionando la pronta creación de una comisión encargada de la elaboración de un proyecto de una nueva ley orgánica del Ministerio Publico que será integrada por fiscales de todas las jerarquías, especialidades y distritos de todo el país. También recibirá la asistencia de un grupo consultivo conformado por connotados profesionales y especialistas.
Villena, mediante una grabación difundida en las redes sociales del MP, enfatizó que su gestión respetará la objetividad y el “respeto estricto al debido proceso y derechos de involucrados”; y descartó haber recibido amenazas ni coaccionamiento.
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Entre las medidas que adoptará la Fiscalía de la Nación está la designación de fiscales superiores coordinadores de fiscalías especializadas y equipos especiales, se hará priorizando criterios relacionados a la antigüedad, rango jerárquico y especialidad.
También resaltó que la Junta de Fiscales Supremos acordó la reincorporación de la señora fiscal suprema Delia Espinoza como miembro de la misma, y en consecuencia el despacho de la fiscalía de la Nación dispuso su designación en el despacho de la fiscalía suprema permanente especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
El fiscal supremo sumó además que su gestión impulsará decisivamente la conversión de fiscalías supremas transitorias a permanentes, en la que se nombre fiscales supremos titulares con el objetivo de fortalecer la junta de fiscales supremos; se implementará el sistema interno de medición de desempeño para fiscales titulares y previsionales para verificar eficiencia del servicio; y se fortalecerá el equipo especial del caso Cuellos Blancos, con el fin de impulsar el desarrollo y culminación de las investigaciones.
Finalmente, Villena señaló que viene coordinando la intervención de la Contraloría General de la República para que -en el marco de sus funciones- realicen una auditoria de fiscalización en el Ministerio Público.
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