Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, afronta pedido de 36 meses de prisión preventiva. (Foto: César Bueno / GEC)
Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, afronta pedido de 36 meses de prisión preventiva. (Foto: César Bueno / GEC)

Luis Vivanco, abogado de , solicitó que el hermano de la presidenta de la República del Perú, , pueda participar de manera virtual en las próximas audiencias del caso ‘Los Waykis en la Sombra’, argumentando que su estado de salud no es el mejor.

Cabe mencionar que este 1 de septiembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reanudó la audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra y otros cinco imputados por el delito de organización criminal.

Durante esta audiencia, la defensa legal de Boluarte solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho que, a partir del día siguiente y en las sesiones posteriores, su defendido pueda conectarse de manera virtual debido a su avanzada edad y a condiciones de salud preexistentes, lo que le impide hacerlo de manera presencial.

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“Estamos solicitando que se le permita a mi patrocinado conectarse de manera virtual en la siguiente audiencia y próximas sesiones. Él (Nicanor Boluarte) ha estado participando en las diligencias y debido a que esto se está prolongando, por su avanzada edad (impacta en su condición) de salud”, expresó Vivanco.

Cabe resaltar que los otros investigados son: el abogado Mateo Castañeda, Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenovia Griselda Herrera Vásquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar.

Investigación contra Nicanor Boluarte

Como se recuerda, Nicanor está siendo investigado por presuntamente liderar una organización criminal que exigía coimas a subprefectos a cambio de asignarles el cargo, utilizando luego esos fondos para financiar su partido político, Ciudadanos por el Perú.

Asimismo, el Ministerio Público imputa al hermano de Dina Boluarte ser coautor del delito contra la tranquilidad pública, en modalidad de organización criminal y tráfico de influencias.

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Se alega que esta red operaba desde el 7 de diciembre de 2022 hasta la actualidad en regiones como Lima, San Martín, Ica, Puno y Cajamarca. Además, se señaló que Mateo Castañeda actuó como su brazo legal, intentando frenar las investigaciones de la Fiscalía en contra de Nicanor.

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