El exprocurador Antonio Maldonado sostuvo que la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, es legítima y afirmó que se basa en las normas legales.
“Es una decisión legítima, que reivindica la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. No es una decisión arbitraria y cumple con todos los estándares para que un juez disponga una presión preventiva”, subrayó en em programa Cuentas Claras de Canal N.
Del mismo modo, Maldonado respaldó la decisión de Concepción Carhuancho, de inaplicar la norma sobre crimen organizado, aprobada recientemente por el Congreso, al considerarla inconstitucional.
“Cuando una norma es abiertamente contraria al ordenamiento y estado derecho debe ser rechazada”, señaló el exprocurador.
Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte
Después de casi tres meses de audiencias y tres días de lectura de resolución, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, investigado por el caso “Waykis en la Sombra”.
El magistrado decidió imponer la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.
Los abogados de Boluarte y el resto de investigados apelaron la resolución.
Boluarte Zegarra es investigado por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, sindicado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de liderar una red que tuvo como finalidad copar la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior, mediante “la designación ilícita” de prefectos y subprefectos en nueve regiones del país.
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Además, se le imputa haber instrumentalizado a estas autoridades para que recaben fichas de afiliación y aportes económicos para inscribir al partido Ciudadanos por el Perú (CPP); así como presuntamente haber ejercido influencias reales para intervenir en las designaciones y contrataciones de Provías Descentralizado e Instituto Peruano del Deporte (IPD).
El último día de audiencia inició declarándose inaplicable la Ley 32108, la cual modificó los criterios para definir el delito de organización criminal.
“Fue una ley con nombre propio, diseñada, construida y aprobada para favorecer a funcionarios públicos para sustraerlos del delito de organización criminal y quitarles competencia a los jueces especializados que ven esos ilícitos para ser derivados a una judicatura común”, señaló el magistrado Richard Concepción Carhuancho.
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Nicanor Boluarte se encuentra no habido
En la resolución también se establece que se notifique a requisitorias a nivel nacional como a Interpol a nivel internacional sobre la detención e internamiento de Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz, Jorge Chingay y Zenovaia Herrera.
El juez precisó también que el plazo de prisión preventiva iniciará cuando sean capturados.
Nicanor Boluarte no participó de la última audiencia y se encuentra no habido. La última vez que se le vio fue el domingo 17 de noviembre cuando se conectó en el primer día de audiencia desde un vehículo.
El abogado Luis Vivanco informó que su patrocinado no se conectó a la audiencia programada y aseguró que, pese a sus esfuerzos, no logró establecer comunicación con él.
“Lamentablemente, no he podido comunicarme con mi patrocinado”, declaró Vivanco, dejando en evidencia la incertidumbre sobre el paradero del hermano del presidente, quien enfrenta procesos judiciales de relevancia.
Para el juez Richard Concepción Carhuancho sí hubo una interferencia de Nicanor Boluarte en la designación de prefectos y subprefectos en nueve regiones del país.
Hasta el cierre de este informe no se había dado cuenta sobre la ubicación del hermano de la presidenta Dina Boluarte.