El Poder Judicial admitió a trámite una acción de amparo que presentó la presidenta Dina Boluarte con la finalidad de anular la denuncia constitucional que presentó, a fines de noviembre pasado, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra a raíz de las muertes registradas en las protestas que estallaron a principios del año pasado.
Según informó el diario El Comercio, la audiencia estará a cargo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, liderado por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, quien convocó a una audiencia para el próximo jueves 16 de mayo, a las 9:00 a.m. También convocó a los representantes del Ministerio Público, la Procuraduría y la defensa de las víctimas.
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Boluarte, a través de su abogado, Joseph Campos, también pidió al juzgado que disponga la nulidad de la carpeta fiscal que contiene la investigación por la muerte de cinco personas y las lesiones graves de una sexta persona, que es la base de la denuncia constitucional impulsada por Benavides.
En la denuncia constitucional se advierte que la presidenta “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos”, así como evitó usar el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del personal policial y militar que estuvo a cargo del control de las protestas.
Ante esto, la Fiscalía determinó que Boluarte habría incurrido en graves violaciones a los derechos humanos en agravio de Christopher Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Florez, Sonia Aguilar y Víctor Santisteban, así como le atribuyen el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves) en agravio de Renato Murillo.
El premier Alberto Otárola y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, también fueron comprendidos en la denuncia constitucional.
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La ruta de la denuncia en el Congreso
En diálogo con Gestión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que ya se dio cuenta de esta denuncia ante su grupo de trabajo; sin embargo, dijo que aún está pendiente de que se redacte y vote el informe de calificación respectivo.
Este caso, según dijo, ya ha sido encargado a un abogado del equipo técnico de la subcomisión, quien deberá elaborar el informe de calificación para poder sustentarlo pronto.
“Creo que el informe (de calificación) debe estar listo entre la próxima semana y la última semana de enero. Creo que antes que acabe el mes (enero) se debe estar votando ese informe, porque ya se está avanzando. Hay que tener en cuenta que es una denuncia con muchas pruebas por revisar, es un expediente bastante voluminoso y que requiere de atención y tiempo”, sostuvo hace dos semanas.
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Explicó que en caso el informe de calificación sea declarado procedente, el documento será elevado a la Comisión Permanente, que deberá otorgar un plazo de 15 días al grupo de trabajo para realizar la investigación; no obstante, añadió que dicho plazo podría ser extendido debido a la carga de trabajo que tienen en este momento.
“Cada caso que investigamos tiene que ser asignado a un congresista delegado y todos los miembros de la subcomisión ya tienen expedientes delegados. Entonces, nosotros no podemos darle, 2,3,4 o 5 expedientes a cada uno de ellos porque debemos entender que los miembros de la subcomisión no tienen dedicación exclusiva al grupo de trabajo, pertenecen a otras comisiones. Por eso es que se advierte una suerte de cuello de botella porque tenemos muchos expedientes, incluso, con informes de calificación que no podemos delegar por este motivo”, manifestó.
Respecto a qué pasaría en caso la subcomisión apruebe el informe de calificación y la Comisión Permanente, posteriormente, le otorgue 15 días de plazo para realizar la investigación contra Boluarte, Camones adelantó que se respetará el artículo 117 de la Carta Magna en el sentido de que no se puede acusar a un presidente en funciones; sin embargo, remarcó que eso no impide que la subcomisión pueda realizar la investigación respectiva.
“La Constitución establece, en su artículo 117, que ningún presidente en ejercicio puede ser acusado, pero no indica que no puede ser investigado. La función específica de la subcomisión es investigar. Si la denuncia contra Boluarte se declara procedente, se va a realizar todo el procedimiento de investigación que va a culminar con un informe final que recomienda acusar y será derivado a la Comisión Permanente”, acotó.
En ese sentido, recalcó que la Comisión Permanente deberá esperar hasta el 2026, fecha en la que culmina el mandato de Boluarte, para debatir el informe final y, eventualmente, acusarla por estos hechos.
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