La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público expresó su rechazo al proyecto de Ley N° 6951/2023- CR, “Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, debido a las implicancias negativas que genera.
“El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”, señaló mediante un comunicado en su cuenta de “X”.
Asimismo, el Ministerio Público detalla que la propuesta normativa es inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional, los cuales establecen que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal.
¿Cuántos casos serían afectados con esta norma?
Por el contrario, tienen la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos, así como las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran a cargo de las fiscalías del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad.
“De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales, tendrían que ser archivados o concluidos, declarándose la prescripción de la acción penal en aproximadamente 600 casos”, refiere.
Entre ellos, los casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.
Incluso, según refiere la Fiscalía, impactaría de manera directa en los casos ya sentenciados.
La Junta de Fiscales Supremos también advierte que, de aprobarse este proyecto de ley, se estaría afectando a más de 550 víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad.
“Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa línea, es importante llamar a la reflexión y análisis para que el referido proyecto de ley sea archivado por constituirse en una ley inconstitucional”, concluyó.
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