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El Ministerio Público ejecutó la medida cautelar de incautación de las cuentas de Vladimir Roy Cerrón Rojas por un monto de S/ 1,613,512.43, dinero que forma parte de un incremento patrimonial no justificado, presuntamente proveniente de actividades ilícitas.
La medida se da luego que el último 2 de agosto, la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, presentó la demanda extintiva y el pedido de medida cautelar de incautación de la mencionada suma de dos cuentas que están a nombre del líder de Perú Libre.
Luego de ese acto fiscal, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de Lima concedió la medida cautelar peticionada, como forma de asegurar el resultado definitivo del proceso judicial, que está siendo ejecutado en este momento.
Según la tesis fiscal, en esencia, Cerrón Rojas, presenta un desbalance patrimonial ascendente a S/.6 387 070.42, en el período comprendido entre los años 2008 a 2021. El dinero incautado forma parte de dicho monto, toda vez que no se encuentra respaldado por sus actividades laborales, como médico, ni como funcionario público, como gobernador regional de Junín entre los años 2011 - 2014 y 2019.
La Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima sostiene que existen suficientes indicios que permiten considerar que dicho incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas, debido a que el imputado fue sentenciado hasta en dos oportunidades por la comisión de delitos de corrupción de funcionarios, en el caso conocido como “Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”, y en el caso “Aeródromo Huanca”, cuando ejerció el cargo de gobernador.
Asimismo, Vladimir Cerrón cuenta con un significativo número de investigaciones judiciales en trámite por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, entre otros. Actualmente, tiene una orden de prisión preventiva en su contra por el caso “Antalsis”.
En ese contexto, las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio seguirán actuando en cumplimiento de la Constitución, los Convenios Internacionales y las leyes; al servicio de la ciudadanía y ejerciendo su labor ajustada a derecho contra los bienes y activos de origen o destino ilícito, contribuyendo así a desarticular las estructuras que financian organizaciones delictivas y contribuir a la seguridad y el orden en nuestra sociedad.
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