
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, rechazó que el proyecto de ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), presentado por el Ejecutivo, sea una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera en el Perú (Reinfo).
El funcionario sostuvo que el régimen de consolidación previsto en la propuesta, que permitiría continuar operaciones durante un año y medio, tendrá condiciones distintas y no mantendrá la protección legal que atribuyó al registro vigente.
El ministro ratificó que el registro deberá concluir el 31 de diciembre y dar paso a un mecanismo que combine la simplificación de los procedimientos de formalización con mayores controles sobre la actividad minera. El inicio de ese régimen dependerá de la aprobación de la nueva ley.
“Estamos ya trabajando con los proyectos de decreto supremo porque hay que regular la ley, hay que reglamentarla y una serie de dispositivos en la cual vamos a simplificar lo que se refiere al proceso de formalización”, indicó en entrevista a Canal N.
Shinno precisó que el Ejecutivo tampoco respaldará una nueva prórroga si el Congreso no aprueba la iniciativa antes de que termine el año. Añadió que se debe terminar el “paraguas legal” que, según sostuvo, permite a mineros ilegales protegerse bajo ese mecanismo, y los diferenció de los informales que requieren apoyo para formalizarse.
Sobre la posibilidad de que el régimen de consolidación otorgaría un año y medio adicional a quienes actualmente operan bajo el Reinfo, Shinno mencionó que podrán continuar sus actividades, pero insistió en que no conservarán la misma protección legal.
“Si bien pueden continuar con sus operaciones, pero vamos a reforzar la capacidad de supervisión, trazabilidad, de fiscalización, e incluso en algunas partes de la cadena comercialización, sobre todo las plantas”, precisó.
Como parte de los nuevos controles, el ministro indicó que las plantas con una capacidad a partir de 25 toneladas diarias serán fiscalizadas por entidades como la OEFA, Osinergmin y Sunafil. Precisó que el fortalecimiento de la supervisión de estas instalaciones está incluido en el proyecto y no constituye únicamente una decisión política complementaria.
Sobre las concesiones mineras, Shinno aclaró que su reforma general se abordará por una vía distinta a la ley MAPE. Sin embargo, explicó que el proyecto incorpora incentivos para suscribir convenios de explotación, como cambios en la responsabilidad por las condiciones ambientales y de seguridad de la operación, además de beneficios relacionados con penalidades y el derecho de vigencia.
El ministro informó que acudirá a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar la iniciativa y que continuará reuniéndose con las bancadas, tras haber conversado con las bancadas de Fuerza Popular, Buen Gobierno y Obras.
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Sobre Petroperú
Respecto de Petroperú, el ministro afirmó que se han registrado avances para facilitar su acceso a financiamiento de la banca privada. Explicó que las entidades financieras solicitaban un mecanismo que les diera mayor seguridad sobre la devolución de los préstamos, ante la difícil situación que atravesaba la empresa.
Según detalló, se ha constituido un fideicomiso y una empresa a través de la cual se canalizan los ingresos de la petrolera. El esquema busca ordenar esos recursos para financiar la compra de crudo y otros insumos necesarios para la operación, así como separar el dinero destinado al pago de los préstamos y las obligaciones financieras.
El funcionario señaló, además, que Petroperú ha sido dividida en bloques patrimoniales y que se están vendiendo activos que no generan valor. Para otras áreas de negocio, planteó mejorar la eficiencia y dejó abierta la posibilidad de incorporar participación o gerencia privada como parte de la reorganización.
Chino sostuvo que la empresa debería concentrarse en la refinación y contar con apoyo privado en sus demás líneas de negocio. También aseguró que la evolución de los precios ha favorecido sus resultados y que actualmente genera utilidades, aunque reconoció que estas todavía están lejos de resolver el peso de su deuda.
“Todavía está muy lejos de la gran deuda que tiene, pero eso va a permitir una manera que estamos viendo que en el largo plazo va a ser viable Petroperú”, puntualizó.
Finalmente, informó que el directorio trabaja en la reducción de personal para ajustar la plantilla a las necesidades de la operación. Indicó que la desvinculación de parte de los trabajadores deberá concluir, como máximo, en diciembre, pero no precisó cuántas personas serán comprendidas en la medida ni qué mecanismos se utilizarán para realizarla.







