La Mesa Directiva del Congreso de la República declaró la vacancia del parlamentarioa Wilmar Elera (Somos Perú), quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de cinco meses.
A través del acuerdo 85-2022-2023/MESA-CR de la Mesa Directiva se dipuso el desaforo de Elera García y se remitió el documento al Director General Parlamentario, Javier Ángeles, y al jefe de la OFicina Legal e Institucional, Martín Torres.
“Declarar la vacancia del cargo de congresista de la República que ejerce el señor Wilmar Alberto Elera Garcia, de conformidad con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento del Congreso, autorizando al Presidente del Congreso de la República para que emita la resolución correspondiente”, se lee en el acuerdo.
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Asimismo, se estableció oficiar el documento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que emita la credencial del accesitario expedito para ser incorporado al Poder Legislativo, de conformidad con la norma reglamentaria señalada en el punto anterior. En este caso, jurará como nuevo legislador es el exalcalde de Sechura José Pazo Nunura.
“La situación juridica del congresista Elera Garcia viene afectando el derecho de representación politica toda vez que el Congreso de la República, en su calidad de representante de la voluntad popular, debe velar por mantener el número completo de 130 congresistas como ordena el segundo párrafo del artículo 90 de la Constitución Politica, ya que de no ser así se estaria vulnerando el derecho de los ciudadanos a ser debidamente representados”, indica también el acuerdo.
Además, se detalla que para toma la decisión de vacarlo, se ciñeron al artículo 25 del Reglamento del Congreso, el cual detalla un parlamentario puede ser reemplazado por su accesitario si es que ha sido condenado vía sentencia firme a prisión efectiva por delito doloso y la detención supera los 120 días.
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Como se recuerda, Wilmar Elera tiene una condena de 6 años de pena privada de la libertad por el delito de colusión agravada por su actuación como supervisor de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa” en 2012. En esa línea, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura confirmó dicha sentencia impuesta en primera instancia.