Tras semanas en espera, el Gobierno devolvió al Congreso la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, pero con una serie de observaciones, entre ellas, se recomienda que la aplicación de esta medida solo sea para casos graves y con tiempo determinado.
Además, plantearon excluir los delitos de corrupción de funcionarios, como tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho, colusión, entre otros más, de la lista de ilícitos en los que se puede aplicar la detención preliminar.
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Al respecto, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, justificó la demora del Ejecutivo en adoptar una posición frente a la norma. Esto, a pesar de los pedidos formulados desde diversos sectores para que se acelere la toma de decisión.
“Ha habido una demora, pero ha sido dentro del plazo fijado por ley. También creo que todos somos conscientes que ha habido excesos en el uso de esta figura. Probablemente lo que ha querido el Ejecutivo es encontrar un punto medio. Ya el Congreso tendrá que ver si acoge las observaciones del Ejecutivo o no”, indicó a la prensa.
En ese sentido, consideró que ha habido “excesos” y “abusos” en la aplicación de este figura, ya que existen casos de gente detenida por largos períodos que, posteriormente, son declaradas inocentes.
“En mí experiencia, sí ha habido abusos. Cuánta gente ha estado en la cárcel 18 meses o más tiempo y resulta después declarada inocente. Hay que pensar en qué casos”, cuestionó.
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Las opciones del Ejecutivo
En otro momento, Pacheco recordó que, en caso la ley sea aprobada por insistencia en el Parlamento, el Gobierno tiene las puertas abiertas para presentar un recurso de inconstitucionalidad con finalidad de anular su aplicación.
“O simplemente se convalida y ya queda reafirmada su constitucionalidad. Dependerá de los intereses de las partes en juego”, apuntó.
Respecto a la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público para que sea el TC el que delimite hasta dónde se puede investigar a la presidenta Dina Boluarte, Pacheco informó que están a la espera de la contestación de la demanda
Según dijo, una vez se las otras instituciones respondan la demanda la audiencia se programaría, a más tardar, en marzo.
“Tenemos que esperar la contestación de la demanda, que son 30 días útiles, y de ahí nosotros tenemos que programar la audiencia. Haríamos la audiencia en febrero o, a más tardar, en marzo. Pero sí vemos la urgencia de resolver esta cuestión”, enfatizó.
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